Perspectiva de mujer / Educación y Pobreza
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Tapachula, Chiapas, 14 de abril de 2026
La pobreza es una enfermedad social multicausal que no admite soluciones simples ni paliativos temporales. Su atención exige un plan integral que articule políticas fiscales, distributivas y de empoderamiento social, así como acuerdos con organismos internacionales que hagan viables las metas de desarrollo. Sin embargo, el eje rector de cualquier estrategia efectiva debe ser la educación, entendida no solo como instrucción escolar, sino como un proceso continuo de formación humana, ciudadana y económica.
Garantizar el ingreso, la permanencia y el reingreso al sistema educativo —desde la educación inicial hasta el nivel más alto alcanzable— es una condición indispensable para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Como maestra de educación básica, sostengo que la educación es la vía más sólida para formar personas capaces de alcanzar independencia económica, ejercer plenamente sus derechos y asumir sus responsabilidades, sin depender de manera permanente de los programas de asistencia social.
El asistencialismo cumple una función necesaria en contextos de emergencia económica, pero su alcance es limitado. Satisface necesidades inmediatas, aunque de manera efímera. La educación, en cambio, construye ciudadanía, pensamiento crítico y empoderamiento a largo plazo. Por ello, no puede ni debe ser desplazada como estrategia central de combate a la pobreza. Una política social que prioriza la transferencia sin formación corre el riesgo de perpetuar la desigualdad que pretende erradicar.
El problema se agrava cuando observamos a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Este grupo social, estigmatizado y excluido, es resultado directo de la falta de efectividad del sistema educativo y, al mismo tiempo, uno de los principales reproductores de la pobreza, la inequidad y la violencia. Incrementar la capacidad de retención educativa, tanto vertical como horizontalmente, es una tarea urgente.
Pero la mirada debe ir más allá del título universitario. La meta no es solo la educación superior como nivel, sino una educación superior como cualidad: crítica, reflexiva, liberadora. Una educación que despierte al individuo de su letargo y lo haga consciente de su capacidad —y responsabilidad— para transformar su entorno. El conocimiento no debe formar únicamente empleados, sino emprendedores, sujetos autónomos capaces de generar progreso económico y social.
Las cifras de analfabetismo en México revelan con crudeza la profundidad del problema. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, más de 4.4 millones de personas no saben leer ni escribir, y dos de cada tres son mujeres. Aunque estas cifras han disminuido respecto a décadas anteriores, siguen evidenciando una deuda histórica en materia de equidad educativa. Chiapas ocupa el primer lugar nacional en analfabetismo, con un 13.7% de su población en esta condición, y es también el estado con mayor pobreza: el 75.5% de sus habitantes vive en situación de carencia.
Estos datos no son casuales. El analfabetismo limita el desarrollo individual, restringe el acceso a otros derechos humanos —como la salud, la vivienda o el empleo— y afecta a lo largo de todo el ciclo de vida. Una sociedad analfabeta es una sociedad debilitada, condenada a un empobrecimiento no solo económico, sino cultural.
La pobreza no puede reducirse a la falta de ingresos. Como plantea Amartya Sen, es, ante todo, una negación de capacidades y libertades. Una persona es pobre cuando carece de oportunidades reales para elegir el tipo de vida que valora. Alimentación, salud, educación, autonomía, identidad y participación social forman parte de un mismo entramado. Evaluar el bienestar únicamente en términos monetarios es una visión limitada e insuficiente.
Durante décadas, las políticas públicas apostaron al crecimiento económico como sinónimo de bienestar. Hoy sabemos que el aumento del PIB no garantiza desarrollo humano. Los programas asistenciales, aunque necesarios, han funcionado como analgésicos: alivian el dolor, pero no curan la enfermedad. Los datos del CONEVAL muestran que, entre 2018 y 2020, la pobreza en México aumentó en casi cuatro millones de personas, evidenciando que la transformación sigue siendo una tarea inconclusa.
La educación, particularmente la educación superior, ha sido señalada como el motor del desarrollo y la movilidad social. No obstante, la realidad muestra una contradicción: jóvenes con estudios universitarios o de posgrado enfrentan desempleo, precarización y carencias. Esto revela que no basta con ampliar la cobertura; es indispensable garantizar calidad, pertinencia y una vinculación real con el contexto social y productivo.
Debilitar el financiamiento educativo, eliminar programas y carecer de estrategias claras —como ocurrió durante la pandemia— contradice el discurso que presenta a la educación como solución a la desigualdad. Un sistema educativo empobrecido solo puede producir resultados empobrecidos.
Educar es un acto profundamente humano. No puede reducirse a la formación de mano de obra ni a una lógica mercantilista. Como advirtieron pensadores como Erich Fromm, una educación sin conciencia produce individuos enajenados, incapaces de comprender su realidad y transformarla. La educación debe formar seres humanos completos, no solo sujetos funcionales.
Si aspiramos a una sociedad más justa, la educación debe ocupar el lugar central en la agenda pública. Sin ella, la pobreza seguirá siendo una herida abierta, una deuda social que se hereda generación tras generación. Educar para la prosperidad no es un ideal abstracto: es una necesidad urgente y una responsabilidad ética del Estado y de la sociedad en su conjunto.
