En la delgada línea que divide a México de Guatemala, no sólo cruzan mercancías, historias y familias; también, según versiones cada vez más insistentes, estaría cruzando la ambición política. En Metapa de Domínguez, ese municipio donde la frontera es parte de la vida cotidiana, hoy el foco no está en la dinámica comercial o cultural, sino en el comportamiento de su ambicioso alcalde, Luis Salgado.

Detrás del discurso institucional, comienzan a acumularse señalamientos que incomodan. No se trata de rumores aislados: son voces ciudadanas que, desde hace semanas, apuntan a una práctica que, de confirmarse, no sólo sería cuestionable, sino delicada en términos legales y éticos. El edil ha sido visto, según publicaciones difundidas en redes sociales participando en actividades de corte político en territorio guatemalteco, una acción que abre más preguntas que respuestas.

Porque aquí no está en juego únicamente la movilidad en una zona fronteriza. Lo que se cuestiona es el propósito. ¿Gestión binacional o proselitismo anticipado? ¿Apoyo comunitario o construcción de capital político más allá de las fronteras? La sospecha crece cuando estas presuntas acciones coinciden con el calendario no oficial de las aspiraciones: la reelección o el salto a otro cargo.

Mientras tanto, del lado mexicano de la línea divisoria, la realidad es otra. Habitantes de Metapa comienzan a manifestar inconformidad por lo que consideran un abandono paulatino de las responsabilidades locales. Servicios que no mejoran, demandas que no se atienden y una administración que, dicen, parece más interesada en mirar hacia afuera que en resolver hacia adentro.

Pero el tema no se queda ahí. Entre los señalamientos más graves aparece uno que, de comprobarse, encendería alertas mayores: la presunta participación o tolerancia en la regularización irregular de personas extranjeras mediante instancias del Registro Civil. No es un asunto menor. Implicaría no sólo responsabilidades administrativas, sino posibles consecuencias legales de alto nivel.

En un municipio fronterizo, donde históricamente los procesos electorales han tenido matices particulares, el uso político de esa condición geográfica siempre ha sido un secreto a voces. Personas con doble arraigo, credenciales vigentes y vínculos familiares en ambos lados han sido parte del tablero electoral. Sin embargo, una cosa es la realidad social y otra muy distinta la utilización institucional de esa circunstancia.

Por eso, el llamado ciudadano no es casual. La exigencia es clara: que las autoridades competentes, desde la Fiscalía General de la República hasta los órganos de fiscalización en Chiapas, revisen con lupa lo que está ocurriendo. No por consigna política, sino por la necesidad de garantizar que el ejercicio del poder no se desvíe hacia intereses personales.

Ojo. El alcalde que ha amenazado con demandar a periodistas y de lo cual hay constancia en captura de pantallas, debería poner sus barbas a remojar, no solo atenta contra la libertad de expresión sino que está violentando leyes electorales, de población y quizá un posible peculado. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar debe jalar las orejas a este servidor público que ambiciona con reelegirse.