Documentan 62 casos de tortura en Querétaro

En Querétaro, la alerta sobre casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes creció en 2018. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, organización con 40 años de existencia, ha documentado desde ese año a la fecha, decenas de casos de tortura a personas que han sido detenidas, pero también a sus familias.

Adrián Ramírez López, integrante de la liga, contó que la organización ha documentado 62 casos de tortura, de los cuales en 29 casos se ha certificado la tortura a través del protocolo de Estambul, o por documentos de opiniones técnicas.

“A partir del 2018 se empieza a encender la alerta sobre casos de tortura en el estado de Querétaro y empezamos a ver que, al igual que en muchas partes del país, la tortura se ejecuta con un carácter sistemático, con un carácter selectivo y como un método para la fabricación de culpables. La tortura en su mayoría se aplica más allá de lo que es la investigación de los hechos que las policías pueden ejecutar y cierra la pinza con lo que es el hecho de que las autoridades detienen para investigar, es decir, detienen, torturan, investigan y entonces con eso van avanzando”, dijo.

Relató que en Querétaro hay casos como el de Manuel Valenzuela Valdez, quien lleva 24 años detenido pese a haberse acreditado la tortura ante el Comité contra la Tortura. Contó que Manuel fue detenido el 17 de abril de 2001 y presentó lesiones por quemadura en la lengua, pene, escroto y glande. En su caso, dijo, la fiscalía ha sido “renuente” en aceptar la tortura y señaló que el motivo principal es porque una de las personas que participó en dicho acto fue el exfiscal Alejandro Echeverría Cornejo.

“En la mayoría de los casos las detenciones ocurren, o sea la tortura ocurre en el momento de la detención, pero en varios de ellos no solamente en el momento de la detención, sino en el momento en que la persona ya se encuentra detenida en las instalaciones de la Fiscalía, ya sea en las mismas instalaciones de la Fiscalía o fuera de éstas, y llama la atención que hay certificados médicos donde los detenidos o asegurados ingresan sin lesiones y cuando son llevados al centro penitenciario, ya sea el CP1 ahí en San José del Alto o el de San Juan del Río llegan con lesiones”, subrayó.

Externó que la tortura no sólo se ejerce contra la víctima principal, sino que hay casos en los que se da también a la familia, incluidos menores de edad, como fue el caso de Juan Antonio Reyes Suárez, quien además de ser torturado, “cargó” con la tortura de sus hijos de 11 y 15 años, Antonio y Edwin. Juan, como Manuel, sufrió de quemaduras y lesiones en el escroto y testículos, ha tenido una resolución a su favor.

En este caso, aunque la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación, no se ha traducido en la reparación del daño ni en un castigo para los responsables. “Es vergonzoso que la Defensoría haya aceptado que la Fiscalía, que en ese momento aceptó la recomendación, sólo apercibiera verbalmente a los responsables y no hubiera ni siquiera una sanción administrativa, y mucho menos penal”, añadió.

“También la tortura hay que decir que se aplica con fines de castigo, como ocurrió en este caso de Manuel Valenzuela Valdez, pero también, por ejemplo, ocurre en los casos de Irving Jalil, Oviedo Pagola, Alberto Machado, Raúl Álvarez Medrano, Jacinto Gutiérrez Hernández, Emerson Javier Martínez, Roberto Ramos Miranda y la señora Mireya Vázquez Martínez, quien, lamentablemente, junto con el señor Roberto y Raúl han fallecido en años recientes, sin que se llegara a la justicia. La tortura con afectación sexual, es decir, la violación y los abusos sexuales como parte de la tortura se cometieron en el caso de la señora Mireya Vázquez Martínez”, abundó.

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Comentó que otro caso de tortura documentado fue el de Álvaro Ignacio Gavidia Juárez, quien falleció en el centro penitencia presuntamente por un suicidio, “sin que hasta ahora se hayan esclarecido las condiciones en las que falleció”; o como Ricardo Hernández Duarte y otras tres personas que fueron torturadas luego de ser acusadas de intentar organizar un motín en el centro penitenciario de San José el Alto. A los casos anteriores, se suman los de Justino Camargo Eleuterio, y de Abraham Sanaguas y Alfonso Rico Vargas, quienes fueron trasladados del penal de San José del Alto al Cereso número 4 de Nayarit, donde fueron torturados por personal de custodia al momento de su ingreso.

“Muchos de ellos están presos porque fue la tortura el elemento central que hizo la inculpación, y por otro lado la inducción de testigos que fabricaron evidencia, y que si el derecho se hubiera aplicado no solamente estarían libres, sino que ya también se hubiera determinado la reparación integral de daños, es decir, le hacemos un llamado al gobierno de Kuri, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía, así como a la Defensoría de Derechos Humanos del estado, y sobre todo, también destacar a la Comisión de Víctimas del estado de Querétaro, que han sido omisas en la protección de las víctimas de tortura y sobre todo la reparación de daños, no solamente la reparación de daños para ellos, sino para su familia”, enfatizó.

Refirió que aunque a nivel nacional Querétaro no figura como uno de los estados donde predomina la tortura, sí ha habido casos en los que se ha utilizado para fabricar culpables, por lo que lamentó que prive la impunidad en la entidad. Mencionó que al inicio de la actual administración estatal buscaron un acercamiento con el gobernador Mauricio Kuri, así como con el titular de la DDHQ, Javier Rascado, para lograr que Querétaro fuera un estado libre de tortura; sin embargo, lamentó que no se lograra ningún avance en este sentido. Incluso, señaló que la Comisión de Víctimas del estado es la que más ha abonado a dicha impunidad, pues ninguna de las víctimas ha accedido a una reparación del daño.

“Como puedes ver hay una situación variante, pero lo que priva en el estado de Querétaro es la impunidad. Lamentablemente, tanto agentes del Ministerio Público como jueces, como magistrados, han perpetuado la impunidad de la tortura, ya que no han determinado el ejercicio de la acción penal, incluso varios de ellos han negado el valor probatorio que tiene el protocolo de Estambul y que, aunque les causaría responsabilidad por actos de prevaricación, no han recibido ninguna sanción estos jueces y que, en lugar de terminar la investigación de la tortura, la han negado”, aseveró.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos inició en el año 1985 con acciones de denuncia, dando voz a quienes fueron víctimas de alguna violación de derechos humanos; sin embargo, con el paso del tiempo se especializaron en la defensa de personas víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ofreciendo atención jurídica, médica y psicológica a las víctimas y sus familiares.

“También no solamente estamos litigando en el ámbito municipal, estatal y federal, sino también llevamos casos a instancias internacionales como son los procedimientos convencionales de la ONU y de la OEA por la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por la vía del Comité contra la Tortura y otras instancias que se tienen a nivel internacional”, agregó.

Para Adrián Ramírez la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) se ha quedado corta en la defensa de las víctimas, pese a haber emitido recomendaciones en las que se acreditaron las violaciones de derechos humanos. Incluso, acusó que en el caso de Manuel Valenzuela se extravió un expediente cuando pasó de Comisión a Defensoría, lo que limitó el avance en el caso de la víctima.

“Lamentablemente podremos decir que la actuación de la Defensoría de Derechos Humanos se ha quedado demasiado, demasiado corta, e incluso en varios de los casos que tenemos, a pesar de que ellos mismos han ordenado la realización del protocolo de Estambul, no han determinado la tortura”, acusó.

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En 2018, la DDHQ recibió 19 quejas por tortura, vulnerándose con ello el derecho de integridad y seguridad personal; para 2024, el número de quejas por tortura fue de 6 y por tratos crueles, inhumanos y degradantes fue de 15, vulnerando con ello los derechos de igualdad y trato digno e integridad y seguridad personal.