#EntreNetas | No a la Guardia Militar 

Amnistía Internacional, una de las organizaciones internacionales más respetadas en materia de derechos humanos en todo el mundo, ha calificado como “riesgosa e ilegal” la propuesta presidencial de militarizar a la Guardia Nacional. Sin duda, la argumentación académica y las experiencias por todo el mundo concluyen, irremediablemente, en que la militarización de la seguridad pública de un país no es la solución ni el antídoto para recuperar y mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz. En este mismo sentido se han pronunciado también la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cuáles son los principales argumentos? ¿Por qué los especialistas se oponen a la militarización del país? Empecemos por puntualizar que la disciplina militar no es igual que la civil. De hecho son opuestas. Matar no es lo mismo que arrestar. Disparar o atacar no es lo mismo que prevenir, denunciar o investigar. El conflicto bélico no es un conflicto comunitario. El adiestramiento militar y sus protocolos para el uso de la fuerza no son equiparables con la instrucción policial. El Ejército tiene la encomienda constitucional, a través del presidente, de velar por la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, pero de manera <> a razón de lo dispuesto claramente por el artículo 129 constitucional que establece que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” Es un falso debate asegurar que, sin militares en las calles, no habrá seguridad ni paz. Es una falacia, un engaño, hacer creer que, a mayor número de militares en la calle, mayor seguridad. Los hechos demuestran exactamente lo contrario. El Ejército ha enfrentado desde hace décadas al crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico no ha cesado. Los números no mienten, este será el sexenio más violento de la historia, aunque el presidente informe otros datos. El verdadero debate que se debe dar es ¿para cuándo podremos garantizarle paz y tranquilidad a las y los mexicanos sin militarizar al país? Bajo este compromiso se deben medir la eficacia y el cumplimiento de un gobierno en materia de seguridad. Lo demás es palabrería. El enfoque del oficialismo para continuar con el proceso de militarización está trastocado por la ceguera de la política electoral; pero la razón apunta con la verdad: ni adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ni ampliarle negligentemente el plazo para su actuación en labores de seguridad pública, son la estrategia correcta. La verdadera estrategia y el debido debate son: para cuándo, cómo, con quienes y con qué tendremos una policía nacional competente y policías estatales y municipales capacitadas, profesionales, científicas, equipadas, bien remuneradas y certificadas. ¿Es posible? ¡Claro que sí! Querétaro es una clara referencia del profesionalismo de sus policías y de la constante e importante inversión que realizan los gobiernos locales para su fortalecimiento institucional. Debemos insistir en honrar el plazo establecido para apoyar decididamente, y en serio, a los cuerpos e instituciones policiacas civiles en cada estado y municipio.

El actual presupuesto directo para las Fuerzas Armadas es de más de 230 mil millones de pesos; además, el Ejército ha administrado el presupuesto correspondiente a otras dependencias federales para la ejecución de obra pública como el Tren Maya, el AIFA, las sucursales del Banco Bienestar, la rehabilitación de hospitales… por más de 300 mil millones equivalentes a seis veces el presupuesto de la UNAM. Evidentemente la inercia gubernamental es gastar más en el Ejército y ahogar presupuestalmente a las policías locales. Así no hay ruta hacia paz.