La polaridad que se vive en México es un asunto que tiene un origen económico, pero que se ha vuelto en palestra política, ya que la forma para mejorar las condiciones de la población es diferente en cada actor político, por lo cual, llegar a un consenso, formular y aplicar políticas públicas funcionales, es una tarea titánica, y de no hacerse de manera adecuada, se vuelve en un fracaso anunciado.

Con el paquete económico para este año, vemos que el rubro de las pensiones es el más alto en términos de transferencias monetarias, lo cual se vuelve un arma de doble filo, ya que por un lado tenemos un apoyo a los adultos mayores (que cada vez son más) lo cual, los dota de una seguridad económica, incentiva el consumo, reduce la desigualdad y aumenta el bienestar en el corto plazo, además de todo lo que eso representa, pero por otro lado, tenemos el costo de oportunidad, el cual viene dado mediante la reducción en el presupuesto disponible para invertir en infraestructura, teniendo como efecto, la reducción en empleos y desarrollo mediante su efecto multiplicador, como es el caso de algunas entidades federativas, que su atracción de capitales y desarrollo se debe a su capacidad en autopistas, puertos, seguridad, capital humano, etc.

Tradicionalmente y de forma intuitiva se asume que, al crecer la economía nacional, se genera mayor riqueza y bienestar social en la población, esto debido a que se aumenta la producción, hay más trabajo, al tener trabajo las personas tienen dinero para consumir bienes y servicios aumentando así la producción, y de paso se generan impuestos, derechos, explotaciones y aprovechamientos económicos que forman ingresos para el Estado, con lo cual, este último dotará de mejores servicios a la población. Sin embargo, esto no siempre aplica, ya que el generar más riqueza, no significa que esa riqueza se distribuya de manera eficiente en toda la población, mejorando las condiciones de vida de toda la población.

Actualmente se tiene la política de transferencias sectoriales, tradicionalmente se considera estas acciones como un gasto social, que se agrupa en el gasto corriente y no de inversión, por lo cual, del gasto social no se tendría ninguna recuperación económica -al menos en teoría- pero, se espera sí mejore su desarrollo humano con dichas transferencias, es decir, si las personas en condiciones de precariedad, obtienen un ingreso extra, significaría la posibilidad de acceder a más bienes y servicios con el recurso recibido, teniendo de esta forma una mejor calidad de vida. Sin embargo, la generación del crecimiento económico mediante este mecanismo se debe manejar con políticas simultaneas, ya que, además de transferencias, se debe incentivar la producción para que esta esté sincronizada y no genere inflación en el mediano y largo plazo, teniendo un efecto inverso al inicial, donde se acabe reduciendo el poder de compra de la población.

El primero obedece a la visión del gobernante en turno (política fiscal expansiva o contractiva, mediante gasto focalizado). Por lo cual, la forma de ver y resolver la problemática implica un gran porcentaje en la formulación, ejecución y éxito de las políticas. No es complicado entender que el discurso político, pero sobre todo la acción política y económica debe ser crecer y subsidiar, suena contradictorio desde la raíz, pero hay modelos como el de la industria naciente que lo permite, sin embargo, muy probablemente si implicara sacrificios como modificar la edad de jubilación.

El segundo está en el escenario político-económico internacional (Interacción comercial, finanzas internacionales), dado que somo una economía con gran participación hacia el exterior, se vuelve indispensable que nuestro enfoque de crecimiento contenga contemple y se ajuste al comportamiento del exterior.