El 8 de marzo no es una fecha para aplaudir discursos. Es una fecha para asumir responsabilidades. Y yo he decidido asumirlas desde la ley.
X: @lorenapignon_
Cada 8 de marzo escuchamos discursos, consignas y compromisos; a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero la verdadera prueba de convicción no está en la retórica, sino en la ley. Como diputada federal, he asumido un compromiso personal e indeclinable con la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. No es una agenda coyuntural: es una convicción jurídica, política y ética.
Soy veracruzana y conozco de cerca la realidad de mis paisanas que viven entre la violencia, la desigualdad económica y la indiferencia institucional. Madres buscadoras que escarban con sus manos; jóvenes que denunciaron amenazas y no fueron escuchadas; niñas cuya protección llegó demasiado tarde. No son estadísticas. Son rostros. Son historias interrumpidas.
Por eso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentaré una iniciativa que busca reformar el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar una figura indispensable: la violencia institucional por omisión grave. Es decir, cuando la autoridad, sabiendo que existe un riesgo real contra una mujer o una niña, no actúa con diligencia y esa omisión deriva en agresión, desaparición o feminicidio.
Pero no basta con nombrar la omisión. Hay que generar consecuencias. Por ello propongo adicionar un artículo 11 Bis a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para que el Estado mexicano responda jurídicamente cuando su negligencia cause daño. Que indemnice de manera integral y transformadora a las víctimas y sus familias. Que la reparación no sea simbólica, sino real.
Esto representa el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por México en la Convención de Belém do Pará y desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció con claridad que el Estado es responsable cuando conoce el riesgo de mujeres y niñas que piden protección y auxilio y los gobernantes no actúan.
En los últimos años, México ha registrado cifras alarmantes de feminicidios y desapariciones. Mientras tanto, el gobierno federal ha minimizado el problema, ha desmantelado apoyos especializados y ha reducido recursos a refugios y programas de protección. Se argumenta que no hay dinero. Pero sí hubo miles de millones para el Tren Maya, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y para la refinería Dos Bocas. Si hay recursos para megaproyectos inviables económicamente, debe haberlos para garantizar justicia y reparación a las mujeres víctimas de omisiones graves.
La responsabilidad patrimonial del Estado no es una venganza contra el gobierno en turno. Es un principio civilizatorio: quien causa daño, responde. Y cuando el daño deriva de la indiferencia institucional, la responsabilidad es aún mayor. Mi compromiso no es con una consigna; es con la ley. No es con una coyuntura electoral; es con la transformación estructural del Estado mexicano para que deje de ser omiso frente a la violencia de género.
Desde mi responsabilidad como legisladora federal, seguiré promoviendo reformas que hagan realidad el principio constitucional de progresividad en derechos humanos. Porque cuando el Estado falla frente a las mujeres, no es neutral: es corresponsable. Y esa corresponsabilidad debe tener nombre jurídico, consecuencias reales y reparación efectiva.
