Hace unos días se hizo público el Informe de violencia contra las mujeres que mensualmente emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre otros datos, dio a conocer que tres mil 48 mujeres han sido asesinadas en el país durante el primer semestre de 2025. Por su tipificación penal reciente, los 338 feminicidios ahí reportados llaman poderosamente la atención.

Desde 2015, año en que se comenzó a emitir públicamente, este informe ha sido motivo de gran preocupación. Ya sea porque muchas personas que habitamos este país pensamos que están siendo asesinadas demasiadas mujeres en medio de discursos de Estado que dicen protegerlas. Ya sea porque tanto gobierno federal como las gubernaturas estatales sienten esta mención como un problema del cual ya no saben cómo zafarse. Sin embargo, más allá de lo que está plasmado en la Constitución, el Código Penal y la “política pública con perspectiva de género”, no se hace nada estratégico para combatirlo.

En Veracruz, el pasado 18 de julio, poco antes de la aparición de este informe oficial, a la avalancha cotidiana de desapariciones de mujeres se sumó la ficha de búsqueda de una adulta mayor oriunda del municipio Álamo Temapache, al norte del estado. Se trataba de Irma Hernández Cruz, profesora jubilada que se desempeñaba como taxista, quien fue obligada a aparecer en un video, de rodillas, rodeada por sus captores encapuchados y armados. Ella era la única que mostraba su rostro en ese video mientras era obligada a leer un mensaje que seguramente sus captores escribieron. Advertía al gremio de taxistas de su región que si no pagaban cuota a la agrupación integrada por los hombres que la rodeaban, les pasaría lo mismo que a ella. Y lo que le pasó fue que a las horas ubicaron su cuerpo sin vida.

La Gobernadora del estado de Veracruz tuvo el desatino de informar que la taxista sustraída con violencia por el grupo armado había muerto por un infarto. Esta declaración absurda e indolente se sumó a las declaraciones recientes de su Comisionada de búsqueda, respecto a que las personas reportadas como desaparecidas en Veracruz en realidad se van por voluntad propia.

Si bien es cierto que cuando morimos el corazón se detiene, o que bajo ciertos contextos previos a un deceso de carácter estresante o violento, puede presentarse un infarto, la muerte de Irma Hernández Cruz no puede asociarse simplemente a una falla del corazón. Descontextualizar los hechos es equiparable a mentir y obviar que el crimen organizado ve en las mujeres a presas fáciles para potenciar la extorción y sus ganancias. Esperamos más de la primera gobernadora de Veracruz, no solo porque es mujer, sino porque reiteradamente menciona que su lógica para gobernar es otra, alejada de la visión misógina y corrupta de los partidos antecesores. Al parecer, sus asesoras y asesores en materia de género y derechos humanos, si es que los tiene, no están a la altura de las circunstancias.

Y, recordemos, la mecánica para descontextualizar los feminicidios en Veracruz no es exclusiva de un solo color o partido político. El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de la Sierra de Zongolica, de 73 años de edad, fue violada sexualmente por un grupo de militares. La agresión le costó la vida. Sin embargo, el entonces presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, proveniente del Partido Acción Nacional, diagnosticó que Ernestina murió de gastritis. Así, de un plumazo y por designio presidencial, se resolvió el caso.

Quienes habitamos Veracruz sabemos que para las autoridades los límites geográficos imaginarios que guían su atención política solo llegan hasta Poza Rica, al norte, y Coatzacoalcos, al sur. Por eso, por ejemplo, tenemos carreteras pésimas que conectan a municipios limítrofes o que nos llevan hacia Tampico. Álamo Temapache se ubica en ese triángulo de abandono. El feminicidio de Irma seguro figurará dentro de las estadísticas de decesos por afecciones cardiacas en México.