En el siglo XXI existe una disputa constante entre potencias que intentan imponer su propia interpretación del orden internacional. Bajo distintos argumentos —la defensa de la democracia, el mantenimiento de la paz, la lucha contra el terrorismo o la protección del orden legal global— algunos países se han atribuido la función delicada de intervenir en conflictos ajenos sin un consenso internacional claro y, en ocasiones, sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. 

En la teoría de las relaciones internacionales, este fenómeno suele explicarse a través del concepto de estabilidad hegemónica: la idea de que un sistema internacional relativamente ordenado requiere de una potencia dominante capaz de imponer reglas y sancionar su incumplimiento. Sin embargo, en la práctica, esta estabilidad suele confundirse con la defensa de intereses nacionales más que con la búsqueda de un bien común global. 

Tras el fin de la Guerra Fría en 1991, Estados Unidos ha sido el principal actor en esta dinámica. Washington quedó como la potencia predominante del sistema internacional. Al iniciar el siglo XXI ha justificado diversas intervenciones como la de Afganistán entre 2001 y 2021, iniciada tras los atentados del 11 de septiembre con el objetivo de desmantelar a Al Qaeda. 

El caso de Irak en 2003 se convirtió en el ejemplo más emblemático del arbitraje unilateral contemporáneo. La invasión se sustentó en la presunta existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. Aquel episodio dejó una profunda huella en la credibilidad de las intervenciones internacionales y abrió un debate sobre los límites de la acción preventiva en política exterior.

Más recientemente, diversas operaciones de presión, sanción e intervención contra países como Irán o Venezuela han sido justificadas por razones de seguridad regional o global, alimentando nuevamente la discusión sobre hasta dónde puede llegar una potencia cuando autodecide actuar como garante del orden internacional. 

Rusia ha recurrido también al uso de la fuerza para proteger lo que considera su esfera de influencia estratégica. La intervención en Georgia en 2008, en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, fue una señal temprana de esta postura. Posteriormente, las acciones militares en Ucrania —primero en 2014 con la anexión de Crimea y luego con la invasión a gran escala iniciada en 2022— han sido justificadas por el Kremlin bajo argumentos como la protección de poblaciones lusófonas o la llamada “desnazificación” del país vecino. 

Europa tampoco ha estado al margen de este fenómeno. Francia y el Reino Unido participaron activamente en la intervención en Libia en 2011, encabezando una coalición de la OTAN que invocó el principio de la “responsabilidad de proteger” frente al régimen de Muamar Gadafi. El resultado fue el derrocamiento del gobierno libio, pero también una prolongada inestabilidad que aún hoy marca el destino del país. En África occidental, particularmente en Mali y el Sahel, Francia desplegó operaciones militares para combatir al yihadismo para preservar su influencia en antiguas colonias. 

China ha sido menos proclive a intervenciones militares directas, pero ejerce una presión geopolítica creciente en regiones estratégicas como el Mar del Sur de China y en torno a Taiwán. Su expansión económica y su presencia en Asia, África y América, forman parte de una disputa silenciosa por la influencia global. 

En ese escenario, el supuesto arbitraje global termina generando nuevas tensiones: crisis de refugiados, polarización internacional, y vacíos de poder en regiones enteras. Quizá el verdadero dilema del siglo XXI no sea quién debe ser el árbitro del mundo, sino si el mundo puede seguir funcionando bajo la lógica de que alguien lo sea.