Por Fernando García Ramos
Si el ayuntamiento únicamente responde a la regla de la mayoría se corre el riesgo de contar con alcaldes y alcaldesas que actúen sin contrapesos y con un conocimiento limitado de los problemas municipales, así como del enfoque para resolver esos retos.
*Doctor en Derecho por la Universidad Veracruzana y Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
La Constitución es el documento político y jurídico más importante del país. En él se contemplan los pactos fundamentales a los que hemos llegado como sociedad, una sociedad plural y compleja, por lo que los acuerdos ahí asentados solo son aquellos que representan una demanda imprescindible para las y los mexicanos, es decir, no todas las aspiraciones y decisiones de nuestra sociedad encuentran cabida en ese documento, solo aquellas verdaderamente importantes.
Una de esas decisiones es la que establece al municipio libre como el orden de gobierno más cercano a la población. Su importancia deriva de la inmediatez de sus servicios con la ciudadanía, pues estos se relacionan con múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones o negocios, hasta la prestación de servicios públicos como agua potable, drenaje o alumbrado público.
La definición de los ediles, que son las personas al frente del ayuntamiento, se logra con base en elecciones libres, periódicas y auténticas, y apenas en junio pasado se realizó la jornada electoral para integrar los 212 ayuntamientos del estado. El principal reto es que los órganos municipales den cuenta de la diversidad y pluralidad a la que representan y para ello, la Constitución ha ideado que su integración se realice con base en el principio de mayoría y en el de representación proporcional.
El primero de los principios responde a la regla de la mayoría, esto es, la solución por excelencia que casi toda comunidad a lo largo de la historia ha tenido para resolver cualquier conflicto: ante dos o más posibles soluciones u opciones los integrantes de la comunidad votan por una de ellas y gana la que cuenta con más adhesiones.
El principio de representación proporcional avanza un poco más sobre la línea de dar voz a las minorías, es decir, dar un espacio a aquellas personas que eligieron una opción perdedora, pero que por el simple hecho de pertenecer a la comunidad tienen derecho a ser incluidos en las decisiones.
En Veracruz, ambos principios coexisten cuando elegimos e integramos a los ayuntamientos. Mientras que la presidencia y la sindicatura corresponden a la opción política que tuvo más votos en las urnas, las regidurías se asignan de acuerdo con los votos que cada partido político tuvo, cumpliendo cada uno de ellos con un porcentaje mínimo de votación y tomando en consideración el número de regidurías que conforman el ayuntamiento.
La trascendencia de contar con ambos principios reside en que las sociedades actuales cada vez son más complejas, cada vez existen más grupos en su interior con demandas muy específicas y distintas entre sí y, como se afirmó, el ayuntamiento es el nivel de gobierno más próximo a todos esos grupos, de ahí la necesidad de que en la medida de lo posible los represente.
Por lo anterior, es indispensable recordar en las elecciones de ediles que nuestro voto no pierde valor si se emitió para un candidato o candidata perdedores, pues lo cierto es que ese voto también vale para la lista de regidurías que el partido político registró y que pueden alcanzar el triunfo.
