Cámaras empresariales piden alto a presunto acoso de la PMA

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Organismos empresariales de Veracruz exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez frenar el “acoso, amenazas de clausura y multas millonarias” aplicadas por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) a empresas, situación que vulnera sus derechos, por lo que exigen una mesa de diálogo y terminar con los procedimientos irregulares.

A través de un comunicado, distintas delegaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre ellas, Xalapa, Veracruz y Poza Rica, Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Consejo Empresarial Metropolitano, entre otros, demandaron al gobernador su inmediata intervención en este asunto.

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¿Qué tipo de acoso reciben las empresas?

Afirman que los empresarios han sufrido acosos, amenazas de clausura y multas millonarias aplicadas. Dicen que la multa mínima que deben pagar es de 500 mil pesos, sin que exista un tabulador correspondiente a los criterios establecidos en la Ley Estatal de Protección Ambiental.

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Explican, en un oficio que engloba a más de mil 500 empresarios, que las multas aplicadas van conforme al tamaño de la empresa y trabajadores que en ella laboran. Esos procedimientos los ha realizado la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés.

Relatan que el procedimiento para sancionarlos es que se les hacen una inspección obligatoria por parte de un inspector derivada de una supuesta denuncia ciudadana.

En un segundo paso, el inspector ingresa a las instalaciones a revisar desde el área de oficinas, almacenes, producción, baños de trabajadores y patios o jardines. En todos los casos se encuentra la mínima falla desde el método de separación de residuos o cualquier motivo para amenazar con el cierre de las operaciones si no se presenta el representante legal a las instalaciones de PMA en Veracruz a comparecer en un lapso máximo de 48 horas.

¿Cuáles sanciones les imponen?

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Agregan que al acudir a las instalaciones se les muestra un procedimiento en el que se les aplica una sanción mayor a 12,000 UMA; después de algunas revisiones a la documentación se le comenta que se les puede hacer una rebaja de 10,000 UMA y en el mejor de los casos 5,000 UMA y que pueden hacer un solo pago o les dan hasta 30 días para pagar la totalidad o se procederá a la clausura total del negocio, sin posibilidad de ampararse o defenderse.

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Todo este procedimiento, explican, se contraviene lo dispuesto por la Ley Estatal de Protección Ambiental ya que se violentan las disposiciones que por derecho corresponden a un acto administrativo, dejando sin efecto la probabilidad de mediar y/o conciliar probables omisiones a la Ley.

Afirman que no se contemplan los tiempos establecidos por Ley para responder a las apreciaciones de los inspectores, ni dan la oportunidad de otorgar pruebas, ni de solventar las observaciones.

Agregan que el sector empresarial reitera su compromiso de cumplir con las leyes que regulan en el país y estado, ya que dictan la convivencia social y natural con el entorno.

Recuerdan que el sector empresarial y la sociedad en general han enfrentado tiempos difíciles derivados de la pandemia Covid-19, que dejó una alta inflación, y, por ende, un incremento en el costo de los bienes y servicios, además de mayores obligaciones derivadas de las modificaciones federales en materia laboral, como son: aumento al salario mínimo, modificación y aumento a los días de vacaciones, entre otras que han puesto a las empresas en una situación complicada para subsistir.

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Ante esa situación le solicitan una mesa de trabajo presidida por él y de los secretarios de estado y presidentes de cámaras empresariales estatales, “ya que son muchas las empresas que han sido afectadas por los procedimientos irregulares de dicha pendencia”.

Resaltan que el actuar del titular de la Procuraduría Ambiental y sus funcionarios no es conforme a Ley para enmendar las posibles omisiones antes de aplicar multas que no van acorde al momento y circunstancias de la situación económica actual de las empresas en nuestro estado.