Las imágenes de lo ocurrido el pasado domingo en la frontera entre Chiapas y Guatemala han puesto sobre la mesa evidencias que van más allá de una ilegal incursión de policías estatales a territorio guatemalteco. Han dejado expuestas claras complicidades en una frontera que siempre ha sido porosa, pero ahora actúa sin máscara como guarida abierta de criminales que operan en México y se refugian del otro lado de la frontera, bajo la protección institucional.

El enfrentamiento entre elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) e integrantes del crimen organizado (presuntamente miembros del cartel Chiapas–Guatemala) comenzó a eso de las 12.30 horas en el poblado de Las Champas, Chiapas, a 300 metros de la línea fronteriza con Guatemala. Sin embargo, los criminales terminaron por intentar huir a territorio guatemalteco, extendiendo la persecución a La Mesilla, Guatemala.

Ahí la patrulla chiapaneca fue finalmente acorralada por sicarios, pero también por unidades de la policía y el ejército guatemalteco. Las imágenes mostraron el arribo de más vehículos con criminales para intentar bajar por la fuerza a los policías chiapanecos de la patrulla. Todo ante la presencia omisa y prácticamente cómplice de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes incluso interactuaron con los sicarios.

Es verdad, la patrulla estatal no debió cruzar la línea fronteriza (aunque fuesen sólo 50 metros), se violó la soberanía guatemalteca y se requieren las disculpas diplomáticas necesarias. También es cierto que se ha dejado de manifiesto la poca o nula coordinación de reacción inmediata entre las fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera. Pero hoy, lo más grave, ha sido sin duda el comportamiento documentado en video de la policía y ejército guatemalteco ante semejante hecho.

¿Por qué, entonces, los elementos guatemaltecos arribaron al lugar con vehículos blindados si iban a servir de simples espectadores? ¿Por qué no actuaron cuando los integrantes del crimen organizado llegaron desde su lado e intentaron llevarse a los elementos mexicanos antes de la balacera? Y peor aún... ¿Por qué sirvieron como aparente medio de respaldo a los criminales durante el enfrentamiento?

Incluso, hay testigos que aseguran que algunos disparos realizados contra las patrullas mexicanas provinieron de los vehículos blindados del ejército guatemalteco, utilizados por los propios sicarios para protegerse durante el enfrentamiento. Vehículos (tipo Jeep J8 Militar) que, por cierto, forman parte de una flotilla donada por el gobierno de Estados Unidos por más de 13 millones de dólares, mediante un programa binacional, suspendido en 2019 debido al uso indebido de los vehículos para “otras actividades” y reactivado apenas en 2024.

Las autoridades guatemaltecas están obligadas a dar explicaciones, al gobierno de México y sus propios ciudadanos, pero también a reconocer que algo grave está sucediendo al interior de sus fuerzas de seguridad nacional, cuyo comportamiento ha dejado muy poco espacio a las dudas sobre su evidente funcionamiento como facilitadores de guaridas criminales en la porosa frontera con la república mexicana… así las cosas