Cerca de 20 mil sujetos implicados
ERICK SUÁREZ / El Heraldo de Chiapas
De 2005 al primer semestre de este ejercicio, en Chiapas la SHPC descubrió 866 mil 459 movimientos con presunto dinero mal habido en los que participaron hasta 430 mil 945 ciudadanos.
Un total de 144 mil 193 operaciones financieras sospechosas, detectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP) en el estado, durante el primer semestre de 2019. Alrededor de 18 mil 163 personas participaron en ellas, en conjunto; representó una disminución y un alza de 3.2 y 11 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018.
Por medio de un reporte, dijo que 139 mil 937 transacciones fueron clasificadas como “relevantes”, cuatro mil 251 “inusuales” y cinco “preocupantes”, equivalente a 97, 2.9 y 0.1 por ciento del total, en ese orden. Fue la segunda suma más alta para una primera parte de un ejercicio de 2012 a la fecha.
Las primeras son desplazamientos de fondos que no concuerdan con el historial del cliente y/o el receptor desconfía del destino final de los recursos. Las segundas implican un monto igual o mayor al equivalente a 10 mil dólares en moneda nacional. Las terceras tienen como protagonistas a directivos, funcionarios, trabajadores y/o apoderados de los emisores, quienes con su conducta presuntamente violaron la ley contra el “blanqueo” de capitales.
Informó que esos movimientos involucraron a 18 mil 163 individuos de manera unitaria; sin embargo, al tomar en cuenta que a veces un sujeto intervino en dos o más operaciones, el número se extendió a 28 mil 114, a la postre el universo más amplio de personas para un acumulado de enero a junio de los últimos siete años.
En este ejercicio, el Servicio de Administración Tributaria lanzó un programa para poner al corriente a quienes que no cumplieron con la legislación contra el “lavado” en la materia entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. La iniciativa consta de que el órgano recaudador omita la imposición de sanciones, a cambio de que los causantes corrijan todas las irregularidades.
En México la lucha contra ese delito es regida desde 2013 por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La normatividad observa entre 320 mil y 340 mil actividades de 15 sectores vulnerables a dicha diligencia. Quien viole el ordenamiento puede ser acreedor a una condena de al menos cinco años de prisión. Asimismo, los intermediarios que no notifiquen las transacciones de sus clientes bajo ciertas circunstancias recibirán una multa de hasta 750 mil pesos.
