Desapariciones forzadas en la ciudad

Actualmente, las instalaciones del anfiteatro del Campanario, guardan más de 50 muertos, cuya identidad se ignora, principalmente en personas en situación de calle o falta de recursos económicos por parte de familiares, quienes no llevaron a cabo los gastos que involucran el entierro.

En entrevista, la pastora Hilda Espinosa de Arévalo, fundadora del “Centro de Consuelo y Habilitación Penetrando la Oscuridad”, señaló que ha sido difícil darles cristiana sepultura a los desprotegidos, a los “sin identidad” como les dice ella.

“Para las personas en situación de calle, el brindarles una cristiana sepultura ha sido muy difícil pues aparte de que, los panteones están casi llenos, no existe un certificado de defunción y tampoco una identidad; por lo que tenemos que ver la manera de que esta persona sea sepultada. Es correr contra el reloj”, detalló.

Un ejemplo de este hecho, fue el 7 de noviembre del 2018, cuando un indigente fue llevado de urgencia al Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Gilberto Gómez Maza” y al ser intervenido, lamentablemente perdió la vida.

Se trataba de una persona, de 50 años aproximadamente, la cual no tenía familiares y tampoco había logrado ser identificado.

Pronto, el nosocomio se comunicó con la Fiscalía General del Estado y solicitó el apoyo de los peritos para que hicieran las diligencias y efectuaran el levantamiento del occiso, para llevarlo al anfiteatro; sin embargo, debido al nuevo protocolo, los servidores públicos no pudieron llevarlo, pues su muerte había sido natural.

Así que, el cadáver permaneció en el hospital durante varios días; donde se le tuvo que inyectar líquidos para que sus órganos se cocieran y pudieran conservarse, de esta forma evitar que se propagara una infección o una enfermedad en los pacientes.

Finalmente, el difunto fue llevado a un ejido en donde le brindaron una cristiana sepultura, aunque para ello ya habían transcurrido casi ocho días.

Otro contexto crítico en la entidad chiapaneca son los casos de desaparición forzada, las autoridades de seguridad mantuvieron hermetismo en torno a ello; no obstante, el “Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)”, indicó que, 1 de enero de 1994, este tema fue selectiva, en la entidad chiapaneca, sobre todo en la zona norte.

Entre 1995 y el 2000, se documentaron 37 casos de desapariciones forzadas, mientras que en 85 casos se presentaron ejecuciones extrajudiciales.

Durante ese mismo lapso, son más de cuatro mil 500 personas de diferentes pueblos originarios, las cuales fueron desplazadas de manera forzada, crímenes cometidos por el grupo paramilitar denominado “Organización Desarrollo Paz y Justicia”, creado mediante el Plan de Campaña Chiapas de 1994.

Cabe precisar que, el caso de Minerva ocurrió el 20 de junio de 1996, la joven quería ver a su padre enfermo y viajó a Masojá Suchjá, municipio de Tila, en la zona Norte de Chiapas.

Integrantes de la organización “Desarrollo, Paz y Justicia” mantenían un cerco paramilitar en el poblado Miguel Alemán y en un retén la detuvo ilegalmente. De acuerdo con el testimonio de uno de ellos, la encerraron e incomunicaron, la torturaron y finalmente, la violaron más de 50 paramilitares.