En el pasado mes de junio se dio un comunicado por parte del SAT sobre el daño a la hacienda pública por deducción de facturas falsas; y en su “mañanera” el presidente, López Obrador, indicó que iniciaron con señalar a 43 empresas a las que se les ha considerado dentro de estas prácticas, aunque ahora ya son 111 más.

Precisamente el martes 23 de junio, en la conferencia de prensa matutina diaria de la Presidencia de la República, disertó la maestra Raquel Buenrostro, nueva jefa del SAT, quien detalló el esquema de operación de las famosas empresas EFOS y EDOS, quienes facturan y deducen en documentos digitales falsos, aunque, dicho sea de paso, hace un año, Margarita Ríos Fajart (exjefa del SAT y ahora ministra de la Suprema Corte de la Nación), ya había presentado ese estudio.

Lo tenían que hacer, merced a que el reporte de recaudación del mes de mayo cayó en un 14%, cifra que es escandalosa, pue el presidente venía presumiendo que, en los meses de marzo y abril, aún con las medidas de confinamiento provocadas por el coronavirus la recaudación estaba creciendo; desde luego que esta circunstancia era atípica y sólo era cuestión de tiempo para que se reflejara en el pago de impuestos la caída tan drástica de la economía que trajo el Covid-19.

Entonces si le sumamos a la disminución en recaudación la caída en este año de los ingresos petroleros, que según datos es de -74%, el gobierno de la 4T se tiene que auxiliar de este tipo de medidas de presión a los contribuyentes para tratar de recuperar lo perdido y negociar con los contribuyentes el pago de lo no recaudado como lo hizo con Walmart, Femsa e IBM; aunado a la eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, la cual ha recuperado recursos vía el congelamiento de cuentas por más de 4 mil millones de pesos que ya se están utilizando para el gasto social.

Hay otras opiniones también sobre el porqué ahora en plena época de la pandemia del coronavirus, donde ya la popularidad y aceptación del presidente López Obrador va descendiendo, informan sobre la posible denuncia penal de las empresas que han defraudado al fisco con la simulación de operaciones y que seguramente lo que se busca es distraer la atención y poner en jaque a los empresarios que con conocimiento o no, han efectuado ese tipo de prácticas.

Lo interesante es que ahora se integró el primer paquete de denuncias con 43 empresas factureras (ya son más), y las dan a conocer, las cuales supuestamente congregaron a 8,212 empresas y personas físicas en sus operaciones, las cuales recibieron 93 mil millones de pesos de facturación, y que en su conjunto evadieron al fisco impuestos de ISR, IVA y Retenciones por Salarios por un importe de 55 mil millones de pesos.

Según los datos citados anteriormente por las autoridades fiscales, esta práctica que utilizan algunos contribuyentes de realizar y deducir operaciones inexistentes ha provocado una pérdida a las arcas del gobierno de más de 354 mil millones de pesos, circunstancia que es severamente dañina para la recaudación, y desde luego que el SAT está actuando cada vez con más energía en contra de estas prácticas.

El texto del artículo indica en una parte: “Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.

Esto le concede a la autoridad hacendaria la facultad de presumir la inexistencia de ciertas operaciones amparadas en comprobantes fiscales, facilitándole con ello sus facultades de comprobación y determinación de créditos fiscales, pues ahora la autoridad tiene todas las herramientas para poder realizar los cruces necesarios, o las compulsas con otros contribuyentes o dependencias que den cuenta y razón de los actos reales.