Expulsiones de capos: un paso necesario, pero no suficiente

El pasado 29 de febrero, el gobierno federal expulsó a varios líderes del narcotráfico hacia Estados Unidos. Aunque esto puede interpretarse como avance en la lucha contra el crimen organizado, es necesario ahondar en las razones detrás de estas deportaciones.

El gobierno señaló que algunos de estos criminales estaban en riesgo de ser liberados por las autoridades judiciales, lo que plantea dudas sobre posible corrupción e injerencia del narcotráfico en las instituciones de impartición de justicia.

Esto evidencia una realidad paralela: las bandas delictivas han tenido influencia en diversas esferas del gobierno y el sistema judicial. La facilidad con la que algunos delincuentes obtienen resoluciones favorables, aun cuando sus antecedentes y actividades son conocidos, demuestra la urgente necesidad de mapear y contrarrestar cualquier intervención del crimen en las políticas públicas y la administración de justicia.

Otro punto crucial es el sistema penitenciario. Durante años, los penales han funcionado más como centros de operación de ilícitos que como instituciones de reinserción social. En ese sentido, hemos visto noticias que revelan que desde estos lugares se organizan extorsiones, secuestros y homicidios mediante llamadas telefónicas, además de, presuntamente, permitir la salida y entrada de reos para realizar delitos bajo la protección de sus líderes. Este problema debe ser atendido mediante una política penitenciaria más estricta y eficaz.

Al respecto, es fundamental fortalecer los procesos de certificación de los penales para asegurar que estos sean realmente espacios de rehabilitación y no escuelas del crimen. En ese sentido, es destacable el reciente anuncio del gobierno del estado, sobre la implementación de un nuevo modelo penitenciario en Chihuahua; y es que se requiere mayor rigor en la clasificación de reclusos, asignando a los delincuentes de alto perfil a áreas de máxima seguridad, evitando privilegios y concesiones. Esto, por supuesto, respetando los derechos humanos.

Es importante recordar que el sector empresarial ha sido un aliado clave en la lucha contra la delincuencia, colaborando con gobiernos, organismos e instituciones como la Fiscalía General del Estado, la policía municipal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y FICOSEC, entre muchos otros. Esto ha permitido generar estrategias de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más ordenada, competitiva y con mejores oportunidades.

No obstante, es imposible ignorar la infiltración en instituciones públicas durante décadas, lo que ha debilitado la confianza en el Estado y sus instituciones. Erradicar esto es una tarea que debe abordarse con seriedad y compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad.

Y es que las estrategias de seguridad y combate al crimen han sido insuficientes en las últimas décadas. Miles de muertes y una estela de daños colaterales han afectado al sector empresarial y la sociedad, por lo que este es el momento de replantear y buscar soluciones efectivas para atacar el problema de raíz.

No podemos perder de vista que Estados Unidos ha presionado a México para que implemente medidas de seguridad más eficaces en el combate al narcotráfico. Este contexto ofrece una oportunidad única para transformar a nuestro país. México debe demostrar su compromiso con la legalidad y la justicia, sin concesiones ni titubeos.

Es imperativo colaborar más para “seguir limpiando la casa” y aplicar las leyes sin excepciones, y que quien cometa un delito pague las consecuencias, de manera justa y en estricto apego al Estado de Derecho. Finalmente, los beneficiarios de todas estas acciones seremos los mexicanos.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión