En semanas anteriores comenté lo que la corrupción en la obra pública en México ha provocado, muerte e impunidad. No solo es una percepción mía, hay datos oficiales que lo confirman. Lamentablemente no solo son datos que se quedan y se viven en lo interno del país, sino son realidades que trascienden fronteras y que dejan a México en un pésimo escenario en materia de combate a la corrupción.
Transparencia Internacional es un movimiento global con la visión de que en el mundo, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrollen sin corrupción. A través de 100 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, encabezan la lucha contra la corrupción para convertir esa visión en realidad.
El pasado 10 de febrero, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de la Percepción de la Corrupción 2025, que incluye 182 países, en la puntuación, México obtuvo 27 puntos de 100, resultados que son visibles y perjudiciales especialmente en cuatro áreas: justicia y estado de derecho, democracia e integridad política, espacio cívico y libertad de los medios de comunicación y en desigualdad; las consecuencias de la práctica corrupta van más allá de desviar recursos o violar la normatividad, existen incentivos más fuertes que profundizan en el desequilibrio del poder. Pondré un ejemplo que describe el estudio, con el que entendemos el porqué de esta puntuación que nos pone al mismo nivel de naciones con regímenes no democráticos como Mali, Pakistán, Camerún, Guatemala, Nigeria, entre otras.
Este ejemplo, tiene que ver con Justicia y Estado de Derecho, la corrupción socava la justicia desde adentro, cuando los políticos o las empresas interfieren en la selección de jueces y fiscales, y en las decisiones que toman estos funcionarios, bajo estas prácticas, la ley protege a quienes tienen las conexiones, dinero o a quienes los pusieron ahí, en lugar de a los justiciables.
De ahí la lucha de Acción Nacional, fortalecer las policías civiles, fortalecer e invertir en la capacitación de las las fiscalías, de los ministerios públicos, sobre todo en materia de derechos humanos y procesos de investigación; pues entendemos que, los sistemas judiciales independientes y con recursos suficientes suelen tener menores riesgos de corrupción.
Trágicamente en nuestro país no solamente esta colapsado el combate a la corrupción, hoy ya no contamos con un sistema de transparencia y rendición de cuentas que nos permita seguir adecuadamente el ejercicio de los recursos y las actuaciones de los servidores públicos. El régimen del narco partido en el poder, ha destruido las instituciones, que por décadas la sociedad logró construir a pesar de la resistencia de los gobiernos y los políticos.