La verificación de la evolución patrimonial de los funcionarios es procedimiento es clave para detectar posibles actos de corrupción, como el enriquecimiento ilícito o el ocultamiento de riqueza
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El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos marca el inicio de una etapa complicada para México. Las amenazas no son abstractas ni lejanas: los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas y su intención de clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas abren la posibilidad de una intervención directa en nuestro territorio. Estamos frente a un desafío histórico que pone en riesgo nuestra soberanía y estabilidad como nación.
Esta situación externa no puede entenderse sin reconocer nuestras debilidades internas. México no ha hecho la tarea. La estrategia de “abrazos, no balazos” ha fallado rotundamente. En lugar de contener al crimen organizado, esta política ha sido percibida como una concesión a la impunidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador privilegió un discurso complaciente con los grupos delictivos mientras la inseguridad crece y el control territorial de los cárteles se expande.
A esto se suma la alarmante colusión de ciertos gobiernos estatales con grupos delincuenciales. La sombra del crimen organizado amenaza nuestras comunidades y corroe nuestras instituciones desde dentro. La falta de acción efectiva por parte del gobierno federal ha convertido a regiones enteras en zonas de conflicto, donde la ley es la violencia y el miedo.
El problema no se limita a la seguridad. La crisis migratoria, sin atención y manejada con torpeza agrava aún más nuestra vulnerabilidad. Las políticas dictadas desde Washington, aceptadas sin cuestionar por el gobierno actual han dejado a México sin capacidad para gestionar el impacto social y económico del flujo migratorio. Las comunidades fronterizas enfrentan tensiones crecientes sin apoyo de la federación.
En este contexto, el gobierno de Morena llama a la unidad nacional; pero ese llamado no puede ser un cheque en blanco para continuar con políticas erráticas y decisiones que han debilitado al país. Si Morena quiere unidad, debe ganársela, dejando de lado la soberbia y reconociendo la legitimidad de la oposición como una voz válida y necesaria en la construcción del futuro de México.
Las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo son un ejemplo claro de cómo no se construye unidad. Han concentrado el poder en manos del Ejecutivo debilitando el federalismo y los contrapesos democráticos. Estas reformas, lejos de unirnos, han dividido aún más al país y profundizado la desconfianza en nuestras instituciones.
La unidad nacional no puede ser impuesta desde el autoritarismo ni desde el desdén hacia quienes piensan diferente. Para enfrentar los retos tanto internacionales como internos necesitamos reconstruir el diálogo y la colaboración genuina entre los tres niveles de gobierno. El federalismo, tan golpeado por esta administración, debe ser reivindicado como el principio esencial para resolver los problemas que enfrentamos como nación.
México necesita un esfuerzo colectivo. Requiere humildad, diálogo y reconocimiento que nadie tiene la verdad absoluta. Morena debe abrirse a la construcción conjunta de soluciones, no solo con la oposición, sino también con los sectores productivos, organizaciones civiles y ciudadanos que demandan un cambio de rumbo.
La seguridad, atención a la migración y defensa de nuestras instituciones deben ser prioridad. Ignorar estas realidades profundiza la crisis y pone en riesgo nuestro futuro. Por México, bien vale un esfuerzo. Pero debe ser compartido, honesto y orientado al bien común.
Es momento de actuar con responsabilidad, reconociendo que la colaboración y el respeto son las únicas herramientas para reconstruir el país. Enfrentar juntos los desafíos externos e internos será la verdadera medida de nuestro compromiso con México. Por México, bien vale un esfuerzo, pero ese esfuerzo debe estar guiado por la justicia, la inclusión y el respeto mutuo.