Como podemos observar, hay mucho qué cuestionarse sobre esta reforma, es claro que todos queremos un sistema judicial eficiente y sin corrupción pero vale la pena analizar punto por punto y entre todos construir lo que más le convenga a nuestro país.
El Poder Judicial Federal es una de las tres ramas del gobierno, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su función principal es la administración de justicia, asegurando el respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes del país. Este poder está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los Juzgados de Distrito.
Una de las características fundamentales del Poder Judicial es su independencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece mecanismos para garantizar que los jueces y magistrados puedan desempeñar sus funciones sin influencias externas. Sin embargo, esta independencia ha sido históricamente un tema de debate y controversia, debido a percepciones de interferencia política y corrupción en algunos casos.
En los últimos años, el Poder Judicial ha enfrentado importantes desafíos. La creciente demanda de justicia, la necesidad de modernización y la lucha contra la corrupción son algunos de los principales retos. Para abordar estos desafíos, se han implementado reformas que buscan mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del sistema judicial. Entre estas reformas destacan la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que promueve juicios orales y públicos, y la digitalización de los procesos judiciales para agilizar los trámites y reducir la burocracia.
La confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es esencial para el funcionamiento de un Estado de derecho. Por ello, es fundamental que este poder continúe trabajando en fortalecer su autonomía, transparencia y eficacia. La capacitación continua de jueces y magistrados, así como la implementación de tecnologías avanzadas y la promoción de una cultura de legalidad, son aspectos clave para lograr una justicia más equitativa y accesible para todos los mexicanos.
Si bien, es necesaria una reestructuración en el sistema judicial, nuevamente nos enfrentamos al sometimiento de los poderes y de las instituciones. La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador con la que se pretende someter a votación popular a Ministros, Jueces y Magistrados presume de un carente desconocimiento del funcionamiento de los contrapesos.
Como ha sido con muchas de las propuestas y proyectos de este sexenio, esta iniciativa de reforma en apariencia pareciera llena de buenas intenciones, sin embargo, no lo es. Al ser un tema bastante técnico, es peligroso dejarlo en manos de quienes lo desconocen ya que, ¿sabemos quiénes son los mejores perfiles para contender por un lugar como juez, magistrado o ministro? ¿Conocemos cuáles son las facultades y competencias de cada uno de ellos? ¿la impartición de justicia debe quedar en manos de las personas más populares y carismáticas o de aquellas con más conocimientos y experiencia en el rubro?
