Identifican a lesionados de La Hacienda

El intento de homicidio de tres personas y las lesiones que se originaron con arma de fuego costará a los propietarios de La Hacienda Drive Inn 60 mil pesos, por parte de la Secretaría de Gobernación, quien mantiene el lugar asegurado hasta que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado.

Los propietarios de La Hacienda de Chihuahua Drive Inn S.A. de C.V., Gonzalo Orozco Tarango y Guillermo Alfonso González Vargas, deberán presentarse ante las autoridades del Estado para cubrir la multa de estas instalaciones y cuando termine la Fiscalía General del Estado la investigación podrán volver a habilitar las instalaciones para su operación.

Así lo dio a conocer el director general de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, quien comentó que la clausura del lugar se realizó por la violación del artículo 33 en los apartados XVII y XX de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, en la que se niega la presencia de personas armadas y por alterar el orden público.

Comentó que trabajaron apegados al artículo 65 donde se procede a la clausura temporal de la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas por violentar el artículo antes mencionado y por la investigación que mantienen los agentes de seguridad en torno a los delitos que se presentaron el pasado 14 de abril.

Respecto a la clausura definitiva de este establecimiento que ha tenido una serie de muertes, lesionados, riñas y consumo de droga en el interior, comentó que se analizará la situación, pero que hasta el momento deberá permanecer en clausura hasta más de 20 días, cuando se resuelvan los periodos del propietario y la respuesta de Gobernación, como la investigación de los hechos.

Joel Gallegos mencionó que la Comisión Estatal de Seguridad es la autoridad encargada de regular las empresas privadas de seguridad, en este caso los guardias que se encontraban en servicio de las instalaciones de La Hacienda, y que permitieron el acceso de personas armadas a las instalaciones.

“Se deberá actuar por existir un riesgo a la seguridad, riesgo para el entorno de los vecinos por la entrada de armas, la sanción debe ser considerable de hasta 60 mil pesos y que dejen de operar durante los próximas semanas”, comentó el director general de Gobierno, al ser la dependencia encargada de sancionar estas instalaciones.