Podrían destituir a policía estatal

El agente estatal que el pasado miércoles entró sin orden de cateo a un domicilio ubicado en la colonia Rosario podría ser destituido o inhabilitado de sus funciones, de acuerdo con la Ley Estatal de Seguridad vigente al presente año.

El Artículo 175 de dicha ley establece que el incumplimiento por parte de los Integrantes a sus obligaciones y deberes dará lugar al inicio del procedimiento del régimen disciplinario ante la correspondiente Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia.

En el caso del policía municipal que estuvo presente en este mismo hecho, también se encuentra arrestado y en proceso de que el Consejo de Honor y Justicia determine si su actuación incurre en alguna conducta irregular.

Artículo 174. Los integrantes deberán observar estrictamente las obligaciones y deberes que les establece esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

El abogado explicó que cuando existe una violación o falta por parte de los elementos de seguridad, deben someterse por las áreas de asuntos internos de las corporaciones a una Comisión de Honor y Justicia que existe en las policías Municipal y Estatal.

Dicha Comisión debe instaurarles un procedimiento mediante el cual se determina la sanción, que va desde la amonestación hasta la destitución o inhabilitación de su cargo.

Cabe señalar que ante esto los elementos pueden inconformarse ante Tribunales Administrativos del Municipio y del estado, en caso de que consideren que la sanción en el proceso es injusto, e incluso pueden apelar hasta en tribunales federales.

*FGE, la más denunciada ante CEDH

Van 90 casos en 2020

*La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa como la dependencia con más quejas y señalamientos en materia de violación o vulneración de los derechos humanos a ciudadanos, con 90 casos en lo que va del año.

En 2019, la Comisión acumuló 650 quejas de ciudadanos que fueron víctimas de abusos de autoridad, detención de forma ilegal, uso excesivo de la fuerza, prestar indebidamente el servicio público, intimidación y amenazas.

Cabe señalar que esta tendencia se ha registrado desde hace tres años, e incluso anteriormente las instancias de las que más se quejan la ciudadanía son las relacionadas con el área de seguridad, independientemente si son municipales, estatales o federales.

En este sentido, los quejosos señalan que ante el hecho de no querer dar un pago o “mordida”, los elementos viales amenazan con quitar los vehículos, e incluso presionarlos bajo amenaza de que serán encarcelados.

Esta corporación también es señalada por amenazas, ya que los policías aprovechan la vulnerabilidad en que se encuentran algunas personas para ejercer la violencia verbal o incluso física, sobajando la dignidad y quebrantando los derechos humanos de la persona.

Además, los ciudadanos señalan que cuando son detenidos, se utiliza la fuerza excesiva sin necesidad de ello, pues aun cuando la persona fuera responsable de un ilícito, se deben respetar y garantizar sus derechos humanos.

En el caso de la FGE, las recomendaciones emitidas por la CEDH han sido en relación con las agresiones a la integridad y seguridad personal de detenidos.

De igual forma solicitaron el acelerar procesos de investigación para poder vincular o ejercer acción de probables responsables de comisión de delitos.

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