Prospera, Programa de combate a la pobreza

El programa de inclusión social Prospera se encarga de aplicar los recursos de combate a la pobreza, para lo cual dispone en Chihuahua de un presupuesto de 256 millones de pesos bimestrales, para apoyar alrededor de 156 mil 761 familias en los 67 municipios de la entidad, que deben vivir con menos de un salario mínimo o poco más.

En la operación “La fiesta de la abuela” se asienta que la capacidad de movilización de Prospera, o “la productora” como se le denomina en clave, tiene un alcance hasta del 20 por ciento del Listado Nominal de 2 millones 701 mil electores del estado, entre empleados directos o indirectos de la dependencia federal y la cantidad de “amigos” mayores de 18 años, beneficiarios del programa social.

El antecedente de Prospera fue el Programa Nacional de Solidaridad, creado en 1988 en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), el programa cambió de nombre y se convirtió en Progresa. Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, el programa social cambia nuevamente de nombre y se convierte en Oportunidades, que incluye, como novedad, la integración de los mexicanos pobres que habitan en las zonas urbanas, que viven con menos de cuatro salarios mínimos diarios, 175 pesos aproximadamente.

Durante el tercer año de la presente administración de Enrique Peña Nieto, se vuelve a modificar el nombre del programa y se agregan elementos novedosos: se intenta “rebasar la visión asistencialista y generar una dinámica de combate a la pobreza y a la desigualdad a partir de la inclusión social”.

Se promueve una amplia participación comunitaria y ciudadana en la puesta en marcha de las diversas políticas sociales de los programas y acciones, como la creación por Decreto Presidencial del Sistema Nacional contra el Hambre, instrumentado a través de una cruzada especial, como una estrategia de política social, integral y participativa que pretende dar una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre.

Los nuevos elementos son: la facilitación del acceso de los beneficiarios a la educación financiera, al ahorro, a los seguros y al crédito, al permitir que las familias fortalezcan sus propios ingresos, contando con acceso prioritario a 15 programas productivos, incluyendo, entre otros, el Fondo Nacional del Emprendedor, el Programa Bécate, el Proagro Productivo, y el Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

Tanto beneficiarias como trabajadores y extrabajadores del programa (que tuvieron conocimiento de la movilización electoral y que participaron esperando ser recontratados), expresaron que la delegada Delia Rita Soto había prometido entregarles apoyo monetario para poder iniciar el trabajo de activismo político, sin embargo, efectivamente se inició pero que nunca vieron el dinero para apoyar dicho trabajo, pues, según afirmaron, la funcionaria federal ordenó a su personal que tratara de convencer a las beneficiarias del programa que trabajaran, pues ya les estaba llegando un apoyo, es decir, el apoyo que les otorga el Gobierno Federal a través de Prospera.

De igual manera, personal del programa en distintas partes del estado aseguraron que la delegada sí había bajado los fondos, pero que, según sus operadores, tales como Jessica Vázquez, jefa del Área Jurídica; Julio León, jefe de Recursos Humanos; Eduardo Herrera, jefe de Planeación y Proyectos Productivos; Marcia Valenzuela, apoyo operativo masivo, igual que Rosy Chaparro, tenían órdenes de decir al personal que los fondos monetarios los entregaría la delegada en el momento en que ella así lo dispusiera.