Se opusieron 8 legisladores de Morena, dos del PRI y uno del PES
Saúl García Meza
Los financiamientos u obligaciones que podrán ser sujetos a operaciones de reestructura o refinanciamiento, total o parcial, en términos del decreto presentado podrán ser:
La reestructuración de la deuda pública fue aprobada ayer con 22 votos a favor y 11 en contra, y luego de un largo debate lograron imponerse los legisladores del PAN, PVEM, MC, PANAL, PT, 3 del PES y 2 del PRI por lo que autorizaron a Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda a celebrar las operaciones que se requieran por un importe de 48 mil 855 millones 075 mil 421 pesos.
Fueron los 11 diputados del PAN, tres del PES, dos del PT, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PVEM, uno de PANAL y los priistas Ana Chávez y Jesús Velázquez quienes votaron a favor del refinanciamiento de la deuda pública; mientras que 8 de Morena, dos del PRI y la diputada Marisela Sáenz del PES, votaron en contra, tanto en lo general como en lo particular se aprobó el dictamen.
El diputado Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, explicó que dicha comisión considera como prioritario valorar y dar atención a todos aquellos instrumentos o mecanismos financieros que permitan coadyuvar a equilibrar las condiciones financieras actuales de la entidad “previendo en todo momento mejorar las condiciones contractuales originalmente pactadas de uno o más financiamientos, tendientes a disminuir el costo financiero de los mismos, sin que ello represente comprometer mayores recursos públicos”.
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Según el artículo 6 del dictamen aprobado, se autoriza al Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate con cualquier institución o entidad financiera mexicana o, en su caso, modifique alguno existente, una o más garantías financieras o una o más garantías de pago oportuno u otros mecanismos de respaldo o soporte crediticio, hasta por el 30% del monto de cada financiamiento o compromiso de pago que derive de las operaciones de refinanciamiento o reestructura que suscriba con sustento en la presente autorización.
El periodo de disposición de las garantías de pago será hasta por 30 años, es decir 2038, siendo el que se determine en las operaciones a celebrarse como efecto del presente decreto, pudiendo ser menor, igual o mayor, hasta por 5 años adicionales al plazo de las obligaciones garantizadas, en caso de resultar beneficios al esquema financiero resultante.
El desequilibrio en las finanzas estatales –recordó el diputado Valenciano- causado por el hecho de haber operado al menos los últimos 10 años con un balance primario deficitario, obligó a las administraciones anteriores a iniciar con un proceso que concluyó en una deuda total de 49 mil 047 millones de pesos al 31 de octubre del 2016.
Además refirió que Chihuahua siegue siendo la tercer entidad con monto más alto de deuda, sin embargo ha disminuido, quedando así con un saldo al segundo trimestre de 2018 de 48 mil 20 millones de pesos, una disminución de mil veintisiete millones de pesos, lo que refleja el adecuado manejo de la deuda al no incrementar el saldo a largo plazo desde que esta administración tomó posesión, actualizando mensualmente el valor de mercado correspondiente a cada instrumento financiero, como lo es las emisiones bursátiles en unidades de inversión (UDI) y los bonos cupón cero.
