Argumentaron que la residencia era de propiedad particular de los hijos del exmandatario y que no formaba parte de ninguna operación ilícita
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado de Chihuahua ordenó la inmediata devolución de una propiedad ubicada en Parral a los hijos del exgobernador César Duarte Jáquez, al considerar que su aseguramiento, realizado en 2017, como parte de las investigaciones en su contra, fue ilegal y sin sustento jurídico.
La resolución fue emitida el pasado 23 de julio en el marco del recurso de queja penal 288/2025, promovido por la defensa legal de la familia Duarte, quienes argumentaron que la residencia era de propiedad particular de los hijos del exmandatario y que no formaba parte de ninguna operación ilícita.
De acuerdo con el fallo judicial, no existen elementos que justifiquen el aseguramiento del inmueble, el cual fue incautado durante el gobierno de Javier Corral Jurado como parte de la llamada “Operación Justicia Chihuahua”, una estrategia institucional dirigida a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción cometidos en la administración de César D. (2010–2016).
La resolución también menciona que, tras años de investigaciones, no se logró acreditar la comisión de delito alguno vinculado con esa propiedad, por lo que su aseguramiento fue calificado como arbitrario. El tribunal sostuvo que no se justifica su retención como bien sujeto a investigación, y ordenó que sea restituido a los hijos del exgobernador “por ser legítimos propietarios”.
Con este fallo, la defensa de Duarte calificó en un comunicado a la Operación Justicia como una “farsa política” impulsada por el exgobernador Corral y ejecutada por su entonces fiscal general, César Peniche Espejel, quien hoy también enfrenta investigaciones por presunto uso indebido de funciones.
Cabe recordar que César Horacio fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022 y enfrenta diversos procesos penales por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Sin embargo, la resolución del Tribunal Federal representa un revés legal para la narrativa oficial del anterior gobierno estatal, en la que se involucró a propiedades familiares sin pruebas concluyentes, de acuerdo con el tribunal.
