Venden plazas en el Hospital General

La Fiscalía Zona Centro investiga una denuncia contra un técnico laboratorista del Hospital General, Gerardo Enrique Tiscareño, por la venta de dos plazas laborales en la Secretaría de Salud del Estado, que ofreció a un costo de 80 mil pesos y que prometió cumplir a más tardar en diciembre de 2017.

El acusado es auxiliar durante el día del dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Rigoberto Machado Lozoya, mientras que por la noche labora en el Hospital General Salvador Zubirán, desde donde hacía ofrecimientos a conocidos y recomendados para venderles supuestas plazas laborales.

La denuncia asienta que el empleado de la Secretaría de Salud, con el respaldo del dirigente de la FSTSE, ofreció a su amigo Portillo Vargas, residente de Oklahoma, Estados Unidos, plazas de trabajo en la dependencia estatal, una para su hijo de profesión ingeniero electromédico y otra para su nuera como recepcionista, en días del mes de septiembre de 2017.

Convencido del beneficio, Portillo Vargas envió 30 mil pesos a su esposa para que se los entregara a Gerardo Tiscareño, ya que le aseguró que tenía buenas relaciones con los dirigentes sindicales como Machado Lozoya, quien decidía sobre la entrega de plazas laborales, lo cual, lo supieron después, era totalmente falso, pero el ahora denunciado les decía que estaba garantizado el acceso a un trabajo en Salud.

De acuerdo con la querella, a la señora López Caballero le dio desconfianza el encargo de su marido, por lo que preguntó si era seguro darle tanto dinero y que si le habría de dar algún recibo o documento, a lo que Portillo respondió que Tiscareño era un amigo de confianza y ya le había explicado la forma en que serían asignadas las plazas a su hijo y nuera, cuando supuestamente Machado Lozoya tomara la dirigencia sindical que estaría en disputa, lo cual resultó también falso, debido a que no había elección en puerta.

En un segundo hecho que se narra en la denuncia, señala que veinte días después volvió Gerardo Tiscareño a pedirle otros 20 mil pesos, que ya había enviado su marido nuevamente, pues “sus influyentes amigos encargados de otorgar las plazas laborales los requerían para seguir con el trámite”. En ese encuentro, el ahora acusado garantizó las plazas para el mes de diciembre, pues, le dijo a la ofendida, sólo faltaban unas jubilaciones y los puestos estarían disponibles para ese tiempo.

Llegado el mes de diciembre y sin ver los resultados de la compra de plazas, comenzó a presionar a Tiscareño y este siempre le respondía que estaba prácticamente todo listo y sólo faltaban unas firmas de los involucrados en el negocio, lo que comenzó a preocupar a la mujer que había servido como intermediaria entre el ahora denunciado y su esposo. Por ello llamó a su marido y le expuso la situación, las excusas y evasivas de su amigo, pero este también la tranquilizó, pues le explicó que ya había tenido comunicación con el empleado de la Secretaría de Salud, quien le había pedido esperar para enero de 2018, debido a que apenas comenzaba la asignación de las plazas que habían dejado los jubilados.

Al pasar todo el mes de enero, la mujer insistió con Gerardo Tiscareño para ver qué estaba pasando y este le daba cada vez una historia diferente, pero siempre le decía que estuviera tranquila, que sus familiares ya estaban prácticamente adentro, pero así era la burocracia de lenta. Pasados enero, febrero y marzo, el empleado le aseguraba aun que era cuestión de días para que todo estuviera listo y hasta le pedía que sus familiares, hijo y nuera, se fueran preparando para comenzar a laborar.

Desesperada, la mujer insistió con su marido y este reclamó por teléfono a Gerardo Tiscareño, pidiéndole que le regresara mejor su dinero, porque ya era muy sospechoso que diera tantas largas, ante lo cual el empleado señaló que ya había entregado los 50 mil pesos al comité delegacional y que el trámite iba muy avanzado, por lo que recomendó mejor continuar hasta el final; pero molesto, Portillo Vargas se negó y exigió la devolución, ante lo cual el empleado del Hospital General y asistente del dirigente Machado Lozoya, le respondió que iba a hablar con su jefe para que sacaran un préstamo de forma que se le pudiera liquidar en abonos de 10 mil pesos, lo cual no aceptó el afectado, quien le pidió le regresara todo en una sola exhibición, dado que el desfalco ya sumaba 50 mil pesos.

Al comentarle Portillo a su esposa María de Jesús, ella desconfió aún más por la forma en que Tiscareño embaucó a su marido para un nuevo depósito, siendo que no habían visto que se concretara lo de las plazas, por lo que fue al Hospital General a exigirle al empleado que cumpliera con lo prometido o le regresara su dinero, a lo que este le respondió que a finales de julio tendrían sus plazas su hijo y nuera o si no le daría todo lo “invertido”.

Llegado el fin de julio, Tiscareño le habló a la mujer y le dijo que sus influyentes amigos tenían problemas con una convocatoria de elecciones sindicales en las que supuestamente ganarían pero que siempre no habían ganado, por lo que iba a ser imposible lo de las plazas, por lo que el 2 de agosto, le aseguró, la buscaría para regresarle los 80 mil pesos “porque soy una persona que molesta mucho”. Ese día la busca y la cita para verse el sábado 4 de agosto a las 10:00 de la mañana.

En la fecha pactada para el regreso del dinero, el 4 de agosto, la supuesta venta de plazas que ofrecía el enfermero del IMSS Jorge Ceballos Almengor y los crímenes a los que se le ligó, siete en total, aunque formalmente sólo ha sido vinculado por un caso, ya eran del dominio público, por lo que María de Jesús López lo pensó mucho para acudir a la cita y mejor no fue, pues pensó que le podría pasar algo.

Al seguir este caso que involucraba al Instituto Mexicano del Seguro Social y a Ceballos Almengor, la afectada se dio cuenta de que el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, había señalado que las personas que habían caído en estafas de compra de plazas serían tratadas como víctimas, no cómo cómplices de un delito, razón que la llevó a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La querella se presentó el 7 de agosto del presente año y la mujer ofreció como pruebas para su ratificación y apertura de la investigación correspondiente, impresiones de las conversaciones que guardaba de WhatsApp con Gerardo Enrique Tiscareño, así como las de su marido con el mismo acusado, en las que se ponían de acuerdo para la transacción ilegal.

Asimismo, presentó la copia de la credencial de elector del acusado, que le entregó el día en que recibió, en el domicilio de los afectados, el primero de los tres pagos que le hicieron; y ofreció la testimonial de su hijo Luis Alejandro Portillo López, que fue testigo de los hechos.

La denuncia fue recibida por el MP y se abrió la carpeta de investigación correspondiente, la cual, de acuerdo al registro oficial, ya le fue notificada al acusado, a quien se le tienen registrados como centros de trabajo el Hospital General y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), así como un domicilio particular en el fraccionamiento Nueva España en la ciudad de Chihuahua.