En México, cargar gasolina siempre nos ha dejado un mal sabor de boca. Es esa sensación de que, mientras ves los números correr en la bomba, alguien te está viendo la cara o no son litros completos. Y ahora, a ese viejo malestar le quieren añadir un ingrediente nuevo: el fin del efectivo por decreto y la obligación de vivir encadenado al plástico.

Durante décadas, el ritual ha sido el mismo: el fajo de billetes sudados que pasa de la mano del conductor a la del despachador, el intercambio de palabras mínimas y el arranque rápido. Pero hoy, ese flujo de papel moneda está bajo asedio. La narrativa oficial, envuelta en el celofán de la modernidad, afirman que decir adiós al efectivo en las gasolineras es el paso definitivo hacia el primer mundo. Lo que no dicen es que, en este país, obligar a pagar con tarjeta no es un trámite administrativo; es una emboscada a la economía de la banqueta.

El argumento del escritorio suena a música celestial: “menos efectivo, menos huachicol”. Nos venden la trazabilidad como la panacea contra la corrupción. Y es cierto que la cadena del combustible en México ha sido, históricamente, una alcantarilla de intereses oscuros. Pero cuidado: la superficie impecable de la digitalización esconde el fondo rugoso de una realidad que el SAT se niega a mirar. Debajo de la estadística, hay un país que sobrevive en el “al día”.

Pensemos en los números que no aparecen en las conferencias matutinas. En México, se estima que más del 50% de la economía sigue moviéndose en la informalidad. No por gusto, sino por destino. Hablamos de millones de personas que no tienen una terminal bancaria en el bolsillo, sino la urgencia de completar la cuenta de la jornada con lo que cayó en la caja de madera. Para el transportista que junta sus monedas para llegar a la siguiente entrega, o para el pescador que depende de que el clima le permita vender su carga en efectivo antes de volver a zarpar, el “pago electrónico obligatorio” no es inclusión financiera: es una exclusión dictada por decreto presidencial.

El discurso del poder es tramposo. Nos dicen que esto es por nuestra seguridad, para evitar robos en las estaciones. Pero olvidan mencionar la comisión bancaria, ese impuesto silencioso que oscila entre el 2% y el 5% y que alguien tiene que absorber. ¿Quién lo hará? ¿El dueño de la estación que ya opera con márgenes vigilados o el consumidor final al que le redondearán el precio hacia arriba? Al final, la terminal es un socio que no pone un gramo de esfuerzo pero se lleva una tajada de cada manguerazo.

Además, está el mito de la infraestructura. Quienes diseñan estas políticas parecen creer que el Wi-Fi es un derecho natural que brota de la tierra en todo el territorio. En la CDMX es fácil hablar de pagos contactless, pero en las carreteras de Guerrero, en la sierra de Chihuahua o en las costas de Chiapas, la señal de Internet es una aspiración, no una realidad. Obligar al uso de tarjetas en zonas de sombra tecnológica es, llanamente, paralizar la movilidad del país.

Seamos claros: el Estado tiene hambre de datos. El SAT no necesita espías si tiene el registro de cada carga de combustible. Si usted gasta más en gasolina de lo que declara en su nómina mínima, ya tiene un pie en el juzgado. En el papel, eso se llama justicia fiscal; en la calle, se siente como una persecución contra el que intenta estirar el ingreso para llegar a fin de mes.

Si realmente se buscara el orden y no solo el control, la transición sería otra. Veríamos comisiones topadas para insumos básicos, monederos recargables en cada tienda de esquina y un sistema que no se caiga cada vez que llueve. Pero no. Aquí se prefiere el garrote al acompañamiento.

El rastro que deja el dinero puede servir para organizar un mercado o para apretarle el cuello al contribuyente. En México, la línea entre el orden y la asfixia siempre ha sido delgada, y hoy, esa línea huele a combustible. El problema no es el futuro digital, sino un presente que quiere imponer reglas de Suiza en un país que todavía pelea por tener señal de celular. Al final, si el Estado obliga a millones a cambiar su conducta sin entender su miseria, la gente no se vuelve más formal; se vuelve más ingeniosa para evadir. Y en el arte de la evasión por supervivencia, el mexicano siempre ha tenido mejores datos que el gobierno.