*Expresidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C. Sígueme en Twitter @PerezSoraya
En los últimos días, en el caso Javier Corral y su controversia con Hacienda, lamentablemente vemos dos autoridades que se confrontan, y esto sin duda, reduce la ya escasa confianza que se tiene en las instituciones. Un México incluyente, es un México que confía en sus instituciones y la transparencia en el uso de los recursos públicos es el rubro más importante, ya que dota o quita confianza en nuestros gobernantes.
Retomemos los hechos: las Entidades reciben ingresos federales a través de Participaciones por el Ramo 28 y Aportaciones a través del Ramo 33. Las Participaciones son recursos que compensan lo que las Entidades podrían recaudar si estuvieran directamente a cargo de los impuestos más relevantes como el IVA o el ISR, por esta misma razón estos recursos no son etiquetados, aunque dependen del nivel de recaudación local, de la población y del nivel de marginación de cada Estado; por otro lado, las Aportaciones les transfieren recursos etiquetados para fortalecer su capacidad de respuesta y atienden rubros específicos como educación, salud e infraestructura, entre otros.
Además de los mecanismos antes mencionados, las Entidades reciben ingresos federales a través del Ramo 23, instrumento conocido como Provisiones Salariales y Económicas, del cual no existe una fórmula para calcular lo que corresponde a cada estado, sino que es un apoyo que pueden recibir a través de algún fondo o convenio dependiendo la disponibilidad presupuestal en el año. Este es el caso que se presenta en Chihuahua, ya que, aunque recibió más Participaciones y Aportaciones según lo estimado para 2017 (más de 2,000 millones de pesos) y también tuvo que generar ingresos propios por impuestos, derechos y aprovechamientos locales, esto no fue suficiente y tuvo que pedir ayuda al gobierno federal para atender compromisos de fin de año, especialmente nóminas.
Ya había mencionado que la confianza genera inclusión. Un gobierno sólido con alta ética de trabajo y servicio a la sociedad dará mejores respuestas a la población, y los gobernantes también tendrían una mayor aceptación a los esfuerzos, al resultado e incluso a los errores que puedan cometerse en el gobierno: esa sana correlación entre gobernantes y gobernados es inclusión.
Lamentablemente, el Foro Económico Mundial en su Reporte de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo 2017 ha medido la confianza que la gente tiene en el gobierno mexicano a través de la medición de ética política, en donde obtuvimos una calificación de 1.8 de 7 posibles. En el grupo de economías de ingreso medio alto estamos lejos de países como Malasia o China, y dentro de nuestro continente Uruguay, Costa Rica y Chile están muy por encima de nosotros.
La confianza va de la mano de la transparencia, y esta a su vez, del acceso a la información, en ese sentido la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública en su última edición mostró que 61% de la población no confía en la información que difunde el gobierno. La falta de transparencia no abona a la inclusión.
Hacienda ha construido una sólida credibilidad en el manejo de las finanzas públicas nacionales en los últimos 20 años y celebro que los gobiernos subnacionales puedan percibir recursos de acuerdo a su desempeño, generación de economía y buena planeación del gasto, pero especialmente cuidaría la posibilidad de apoyarlos en el saneamiento, ya que por alguna falla en la planeación y por huecos en las finanzas locales pudiéramos caer en el error de generar acusaciones infundadas que en nada abonan a la ética y la inclusión que tanto demandamos todos los mexicanos. ¡Hasta nuestro próximo encuentro!
