Exfiscal al banquillo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió, a cinco años de los hechos, una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ante violaciones graves a los derechos humanos, el uso excesivo de fuerza, la afectación a la integridad física, y la inadecuada preservación del lugar de los hechos en agravio de dos jóvenes que fueron ejecutados por elementos de la entonces policía federal, y que dejaran malheridos a otros dos, esto, ocurrido la mañana del 27 de septiembre de 2015 en la colonia Gil y Saénz, conocida como “El Aguila”, en esta ciudad.

La CNDH pidió, en su resolución, al actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y al Fiscal General de Justicia de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las víctimas directas e indirectas, otorgándoseles atención psicológica, y en el caso de los familiares de los occisos, la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, y que colabore con la denuncia y queja administrativa ante la Fiscalía General de la República y en el Órgano Interno de Control en la Policía Federal, con atribuciones para la Guardia Nacional, en contra de los servidores públicos involucrados.

Presuntamente, los policías crearon un escenario contrario a lo ocurrido, encubriendo a sus compañeros y buscando aparentar un ataque sorpresivo en su contra, acusando a los heridos de dicho atentado, por lo que en complicidad con personal de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Fernando Valenzuela Pernas, fabricaron evidencias para inculpar a las víctimas, como meter un arma de fuego a la camioneta y un cargador, además de presumir de que en pruebas de balística, las víctimas dieron positivo a pruebas de plomo y bario.

En su información precisó que ante el presunto enfrentamiento ocurrido en la colonia Gil y Sáenz, la Fiscalía General del Estado (FGE) a su cargo, hizo el levantamiento de los cuerpos y el embalaje de los cartuchos localizados en el lugar, así como el aseguramiento de las unidades que recibieron impactos de balas, y que por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) se haría cargo de las investigaciones por competencia, al estar involucrados policías federales; hechos que constaron en la Averiguación Previa VHSAAUX-373/2015.

La CNDH emitió la recomendación y en lista imputaciones para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por violaciones graves a los derechos humanos, la ejecución arbitraria de una persona, y otras violaciones diversas; también por el uso excesivo de la fuerza, lo que ocasionó la pérdida de la vida de una persona más y la afectación a la integridad física de otras dos personas, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Sobre el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de una persona y en la afectación a la integridad física de dos más, atribuibles a la entonces Policía Federal (PF), así como en la ejecución arbitraria de otra persona, atribuible a dicha Institución y por la inadecuada preservación del lugar de los hechos por personal de la entonces PF y de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, se emite la Recomendación 33VG/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y al Fiscal General del Estado de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, respectivamente, para que procedan a tomar conocimiento y se busque a responsables.

En la queja que fue presentada por un hombre ante la CNDH, se advirtió que estaba en su domicilio cuando personal de la entonces Policía Federal disparó hacia un vehículo, observando a su hijo tirado en la banqueta boca abajo cubierto de sangre, comentándole una vecina que en el vehículo estaban dos personas muertas, entre ellos su sobrino, a quien, según testigos, los policías le “sembraron” un arma de fuego, percatándose también que un perito de Fiscalía le introdujo un cargador, mientras que los policías decían que mataran a los sobrevivientes porque eran testigos.

En cuanto a la actuación del personal de la corporación y de la Fiscalía General del Estado, se constató que no preservaron el lugar de los hechos, lo que favoreció que un federal colocara deliberadamente un arma de fuego al conductor del vehículo de las víctimas, que fue manipulada por un perito de la Fiscalía Estatal, al igual que uno de los cuerpos sin vida.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las víctimas directas e indirectas; otorgándose atención psicológica y tanatológica en el caso de los familiares de las víctimas mortales; la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas; y colaborar con la denuncia y queja administrativa ante la Fiscalía General de la República y en el Órgano Interno de Control en la Policía Federal, con atribuciones para la Guardia Nacional, contra las personas servidoras públicas involucradas.