Exfiscal al banquillo

A cinco años de que policías federales balearan a un grupo de jóvenes, matando a dos e hiriendo a otros dos argumentando haber sido objeto de un atentado, la CNDH pidió a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, “desempolvar” el expediente

Familiares de las personas fallecidas realizaron movimientos de protesta consignando a las autoridades. / Fotos: Archivo

Héctor Andrés Trinidad / El Heraldo de Tabasco

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió, a cinco años de los hechos, una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ante violaciones graves a los derechos humanos, el uso excesivo de fuerza, la afectación a la integridad física, y la inadecuada preservación del lugar de los hechos en agravio de dos jóvenes que fueron ejecutados por elementos de la entonces policía federal, y que dejaran malheridos a otros dos, esto, ocurrido la mañana del 27 de septiembre de 2015 en la colonia Gil y Saénz, conocida como “El Aguila”, en esta ciudad.

La CNDH pidió, en su resolución, al actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y al Fiscal General de Justicia de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las víctimas directas e indirectas, otorgándoseles atención psicológica, y en el caso de los familiares de los occisos, la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, y que colabore con la denuncia y queja administrativa ante la Fiscalía General de la República y en el Órgano Interno de Control en la Policía Federal, con atribuciones para la Guardia Nacional, en contra de los servidores públicos involucrados.

Testigos, señalaron a oficiales de aparentar un ataque sorpresivo en su contra, acusando a los occisos de un atentado, y fabricar evidencias para inculparlos.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS

La mañana del domingo 27 de septiembre del año 2015, presuntos policías federales fueron atacados por un grupo armado que viajaba a bordo de un vehículo compacto, hiriendo a un agente, ante lo cual solicitaron refuerzos, iniciándose una persecución.

Al ubicar a supuestos sospechoso en el interior de una camioneta Ranger color blanca, con placas VP-55-188, abrieron fuego a discreción.

En el interior de la camioneta quedaron abatidos los jóvenes Alejandro “N” y Miguel Angel “N”, y resultaron heridos Roberto “N” y Jorge Luis “N”.

Los responsables huyeron el lugar, arribando en su apoyo compañeros que se hicieron cargo de la situación.

DE LA ALTERACIÓN DE LA ESCENA A LAS PRUEBAS FALSAS

Presuntamente, los policías crearon un escenario contrario a lo ocurrido, encubriendo a sus compañeros y buscando aparentar un ataque sorpresivo en su contra, acusando a los heridos de dicho atentado, por lo que en complicidad con personal de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Fernando Valenzuela Pernas, fabricaron evidencias para inculpar a las víctimas, como meter un arma de fuego a la camioneta y un cargador, además de presumir de que en pruebas de balística, las víctimas dieron positivo a pruebas de plomo y bario.

El día 28, Fernando Valenzuela Pernas, en calidad de Fiscal General de Tabasco, anunciaría la declinación de los agentes por los hechos, una mera “atención” a la Policía Federal, y remitiría las actuaciones a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciara sus indagatorias.

En su información precisó que ante el presunto enfrentamiento ocurrido en la colonia Gil y Sáenz, la Fiscalía General del Estado (FGE) a su cargo, hizo el levantamiento de los cuerpos y el embalaje de los cartuchos localizados en el lugar, así como el aseguramiento de las unidades que recibieron impactos de balas, y que por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) se haría cargo de las investigaciones por competencia, al estar involucrados policías federales; hechos que constaron en la Averiguación Previa VHSAAUX-373/2015.

66.jpgEl 2 de octubre del 2015, una comitiva marchó por las calles de la ciudad hasta parar en las instalaciones de la FGR exigiendo justicia y castigo a los policías.

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

El 2 de Octubre, más de 300 personas, entre familiares, vecinos, amigos, y ciudadanos solidarios, marcharon por calles de la ciudad hasta parar en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada en ese entonces en la zona de Tabasco 2000, exigiendo de justicia y castigo para los policías federales preventivos.

A bordo de unidades motrices, viajaban familiares y amigos cercanos de las víctimas, que portaban grandes pancartas y globos blancos, y donde se apreciaban las fotografías de los dos jóvenes asesinados.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) tomó conocimiento de ello y comenzó a documentarse; a buscar pruebas que dieron origen a la recomendación emitida la CNDH.

A CINCO AÑOS, SE LOGRA RECOMENDACIÓN DE CNDH

La CNDH emitió la recomendación y en lista imputaciones para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por violaciones graves a los derechos humanos, la ejecución arbitraria de una persona, y otras violaciones diversas; también por el uso excesivo de la fuerza, lo que ocasionó la pérdida de la vida de una persona más y la afectación a la integridad física de otras dos personas, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Sobre el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de una persona y en la afectación a la integridad física de dos más, atribuibles a la entonces Policía Federal (PF), así como en la ejecución arbitraria de otra persona, atribuible a dicha Institución y por la inadecuada preservación del lugar de los hechos por personal de la entonces PF y de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, se emite la Recomendación 33VG/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y al Fiscal General del Estado de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, respectivamente, para que procedan a tomar conocimiento y se busque a responsables.

En la queja que fue presentada por un hombre ante la CNDH, se advirtió que estaba en su domicilio cuando personal de la entonces Policía Federal disparó hacia un vehículo, observando a su hijo tirado en la banqueta boca abajo cubierto de sangre, comentándole una vecina que en el vehículo estaban dos personas muertas, entre ellos su sobrino, a quien, según testigos, los policías le “sembraron” un arma de fuego, percatándose también que un perito de Fiscalía le introdujo un cargador, mientras que los policías decían que mataran a los sobrevivientes porque eran testigos.

En cuanto a la actuación del personal de la corporación y de la Fiscalía General del Estado, se constató que no preservaron el lugar de los hechos, lo que favoreció que un federal colocara deliberadamente un arma de fuego al conductor del vehículo de las víctimas, que fue manipulada por un perito de la Fiscalía Estatal, al igual que uno de los cuerpos sin vida.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las víctimas directas e indirectas; otorgándose atención psicológica y tanatológica en el caso de los familiares de las víctimas mortales; la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas; y colaborar con la denuncia y queja administrativa ante la Fiscalía General de la República y en el Órgano Interno de Control en la Policía Federal, con atribuciones para la Guardia Nacional, contra las personas servidoras públicas involucradas.

Pide la capacitación al personal de la Policía Federal que ha transitado a la Guardia Nacional en derechos humanos, con énfasis en el “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza”, entre otros acuerdos.

Al Fiscal General del Estado de Tabasco, le pide dar puntual seguimiento a la causa penal iniciada en contra del personal involucrado hasta su determinación; diseñar e impartir un curso integral dirigido al personal policial y pericial sobre los protocolos relativos a la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y la cadena de custodia.

Finalmente, le recomienda designar a un funcionario de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 33VG/2020 que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios.