Morena no ha denunciado a ANJ

En seis años el perredista Arturo Núñez Jiménez acumuló observaciones a nivel estatal y federal por 9 mil 31 millones 56 mil pesos, pero a la fecha sólo hay dos denuncias en su contra y ambas fueron interpuestas por diputados locales.

locmorena — Sólo diputados locales del PRI y uno independiente denunciaron al exgobernador. /Archivo

Jesús Manuel Domínguez

En seis años el perredista Arturo Núñez Jiménez acumuló observaciones a nivel estatal y federal por 9 mil 31 millones 56 mil pesos, pero a la fecha sólo hay dos denuncias en su contra y ambas fueron interpuestas por diputados locales.

Han sido los legisladores del PRI y el ahora diputado independiente, quienes pidieron a la Fiscalía General del Estado investigar al exgobernador, a su esposa Martha Lilia López Aguilera, y a sus excolaboradores, incluido Amet Ramos Troconis, quien se desempeñó como secretario de Planeación y Finanzas.

Ni siquiera la muerte de este último ha sido aclarada por las autoridades, pues a la fecha no hay certeza sobre el acta de defunción que probaría que en efecto falleció en abril pasado víctima de un infarto.

Núñez Jiménez vive en España, pero de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dejó pendiente por solventar desde 2013 y hasta 2018 un monto de 4 mil 4 millones 500 mil pesos, una cifra que rebasa las irregularidades señaladas por ese ente contra el priista Andrés Granier Melo, quien dejó sin aclarar 3 mil 277 millones de pesos hasta el año 2012.

Además, de acuerdo a los dictámenes de cuenta pública emitidos por el Poder Legislativo y al informe de resultados de los ejercicios presupuestales del sexenio pasado, elaborados por el OSFE, Núñez Jiménez incurrió en anomalías en el plano local por 5 mil 26 millones 566 mil pesos.

A la fecha ninguno de los ex integrantes de la administración nuñista ha sido sancionado por estas irregularidades, pues el gobierno de Morena no ha interpuesto ninguna demanda penal.

No obstante con las dos denuncias de diputados locales que tiene la FGE deberá investigar a quienes encabezaron el pasado sexenio, por uso indebido del servicio público, peculado, así como delitos contra el erario, entre otros.