El diputado Gerald Washington señaló que el Congreso debe tener la facultad ya que los legisladores están conscientes de las necesidadesque tienen sus habitantes
Fernando Hernández I El Heraldo de Tabasco
El coordinador de los diputados del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, señaló que debe avanzar la Iniciativa que presentó para poder modificar el proyecto de presupuesto general de egresos que envía el Gobernador del Estado, ya que como actualmente se encuentra la ley, no se le puede hacer ninguna modificación.
Mencionó que el presupuesto debe modificarse como sucede en la Cámara de Diputados y también en las legislaturas de diversos estados de la república, entre los que se encuentran Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
Explicó que se considera pertinente que el Congreso cuente con esa facultad, porque los legisladores constantemente recorren las diversas categorías políticas de los municipios que integran sus distritos o circunscripciones plurinominales, en donde pueden apreciar las necesidades que tienen sus habitantes y además reciben de los propios afectados peticiones sobre lo que requieren para vivir de una mejor manera, lo cual no hacen las dependencias o entidades o los órganos constitucionalmente autónomos, por lo que incluso pueden no enterarse de esas necesidades y por ende no contemplar ninguna acción o política pública para satisfacerla.
La Iniciativa propone reformas al artículo 27, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a efectos de homologarla a lo que establece el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como facultad del Congreso Estatal,
Añadió que en consecuencia, al tener el Congreso esa facultad, sin apartarse totalmente del contenido de la iniciativa, con el apoyo del personal técnico del Congreso o de funcionarios del propio Poder Ejecutivo, al revisar la iniciativa respectiva, pueden realizar una mejor distribución de los recursos y asignar partidas a dependencias o entidades que lo requieren para prestar mejores servicios, como por ejemplo: salud, educación, seguridad pública, procuración de justicia, apoyos al campo y sectores productivos entre otros, reduciéndolas a aquellas áreas que no sean prioritarias.
