En el Área Metropolitana de Guadalajara se habla mucho de la escasez del agua, pero ese enfoque ya no es suficiente. El verdadero problema no es sólo cuánta agua llega, sino qué tipo de agua llega y cuáles son sus efectos en la salud pública. La evidencia reciente muestra que estamos frente a una crisis estructural, ambiental y sanitaria que avanza sin reconocimiento oficial.

El propio SIAPA admite que entre 9 y 10 % de las colonias presentan episodios de agua turbia, con olor o sabor anormal. No es percepción, es un fenómeno urbano extendido. A esto se suma un deterioro profundo del sistema hidráulico. Entre 2020 y 2026 se registraron más de 102 mil fugas, y 4 de cada 10 no fueron atendidas. La red, con tramos que datan de 1956, simplemente no soporta la demanda de una metrópoli de casi seis millones de habitantes. La confianza social también se desploma: la satisfacción con la calidad del agua cayó de 62.6 % a 40.7 % entre 2019 y 2023.

Las autoridades insisten en que “no hay alerta epidemiológica”, pero esa frase, aunque técnicamente correcta, oculta más de lo que aclara. En 2025 se registraron más de 33 mil casos de enfermedades diarreicas en Jalisco, y 2026 mantiene cifras similares. La literatura médica es clara: el consumo de agua contaminada se asocia a diarreas, hepatitis A, parasitosis y brotes gastrointestinales. Y el problema no termina ahí.

Jalisco registra cerca de 20 mil pacientes con enfermedad renal crónica, con más de 6 mil personas en espera de trasplante. Aunque las causas son múltiples, especialistas advierten que la exposición prolongada a contaminantes químicos y biológicos en el agua es un factor que no puede descartarse. La ausencia de una “crisis visible” no significa ausencia de daño, sino falta de monitoreo integral y de correlación entre variables ambientales y de salud.