En la  violencia de género, existe una forma de violencia que opera de manera silenciosa y persistente: los micromachismos. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM los define como comportamientos, gestos y comentarios sutiles e invisibilizados que perpetúan la superioridad masculina y limitan la autonomía de las mujeres en la vida cotidiana. Su sutileza es precisamente lo que los vuelve peligrosos: se normalizan, se minimizan y se reproducen sin cuestionamiento.

Cuando estos comportamientos se trasladan al ámbito político y a la vida pública, dejan de ser simples actos cotidianos para convertirse en mecanismos de violencia simbólica y estrategia de poder que buscan desacreditar, infantilizar,  silenciar y limitar la participación de las  mujeres en cualquier ámbito que decidan participar. Aunque a menudo se presentan como “críticas inofensivas”, estas conductas normalizan la desigualdad y el desprecio hacia las mujeres.

El impacto que tienen que una autoridad política ejerza estas violencias es mayor, por ser pública y porque la conducta de una autoridad marca estándares sociales y envía un mensaje claro sobre lo que se considera aceptable. Cuando estas prácticas se repiten, se vuelven parte de la cultura institucional y social, incluso si públicamente se intenta restarles importancia. La violencia simbólica se normaliza y se reproduce en cascada. Además de que cuando una autoridad ejerce violencia de género, trasciende de lo personal para convertirse en un problema institucional y social que debilita el Estado de derecho y la gobernanza.

México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece sanciones claras para estos casos: desde destitución e inhabilitación hasta sanciones penales e inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. La ley reconoce que la violencia simbólica no es menor; es una forma de control que limita derechos y debilita la vida democrática.