Porque de poco sirven los actos conmemorativos si, en los hechos, se debilitan los principios que se dicen celebrar. La memoria histórica, cuando no se traduce en acción, se convierte en ritual vacío.
Al final, la pregunta no es qué tanto recordamos a Juárez, sino qué tanto estamos dispuestos a practicar su legado.
El pasado 21 de marzo, México volvió a mirar hacia Benito Juárez. Discursos oficiales, ceremonias cívicas y menciones obligadas recordaron el natalicio de quien, con razón, es considerado una de las figuras más influyentes de nuestra historia. Pero, como suele ocurrir, la conmemoración corre el riesgo de quedarse en la superficie.
Porque Juárez no es, o no debería ser, una figura para el bronce, sino un referente vivo. Su legado no se limita a una fecha en el calendario: se expresa en la defensa del Estado laico, en la vigencia de la ley y en la idea de que el poder debe someterse a normas, no a privilegios. En momentos decisivos, como la Intervención Francesa en México, su liderazgo no fue retórico, sino profundamente político y moral.
Para entender la dimensión de su obra, conviene mirar el país que recibió. Cuando estalló la Guerra de Reforma, en diciembre de 1857, la Iglesia católica, una de las principales opositoras del proyecto liberal, concentraba una riqueza desproporcionada frente a la pobreza extendida de la mayoría de la población. México era una nación independiente en lo formal, pero profundamente desigual en los hechos.
El historiador estadounidense Robert J. Knowlton señala que la independencia no significó una mejora real para las clases más bajas. La ruptura con la corona española eliminó ciertos contrapesos sin transformar de fondo las condiciones de vida de los trabajadores. La desigualdad persistió, e incluso se agravó.
Es ahí donde la Reforma adquiere su verdadero sentido. Juárez y los liberales no solo enfrentaron a poderes establecidos; intentaron redefinir las bases mismas del país. Las leyes que impulsaron no fueron simples decretos administrativos: buscaron desmontar privilegios históricos, afirmar la igualdad ante la ley y sentar las bases de un Estado moderno.
Por eso, el mejor homenaje a Juárez no está en las ceremonias ni en los símbolos. Está en otra parte. Está en la coherencia. En la disposición real de hacer valer la ley por encima de intereses particulares. En la defensa efectiva de la separación entre la Iglesia y el Estado, no como consigna, sino como práctica cotidiana.
Honrar a Juárez exige algo más incómodo: asumir una responsabilidad colectiva. No basta con recordarlo; hay que estar a la altura de lo que representa. Eso implica defender la legalidad, exigir justicia y sostener, incluso en tiempos adversos, la convicción de que el derecho, y no la fuerza, debe regir la vida pública.
