Se reformó la Ley Orgánica de la Armada de México como respuesta a esta etapa de la gestión de la seguridad nacional en México, buscando la agilidad operativa para una Marina que debe evolucionar frente a enemigos y riesgos nuevos. Hoy, el crimen organizado actúa cooptando la logística, las aduanas y el propio ciberespacio. Una nueva ley era necesaria para articular la Estrategia Nacional de Seguridad, dotando a la Marina de capacidades y atribuciones nuevas.

En vez de concebir a la Marina como un cuerpo con gestión primordialmente de mares y puertos junto con sus grupos de élite para el combate al delito, la ley ofrece una visión más amplia. Al actualizar la misión de la Armada y oficializar la protección de los Intereses Marítimos Nacionales —desde la infraestructura portuaria hasta el comercio marítimo— México afirma que su desarrollo económico depende de custodiar estos diez factores estratégicos.

Pero una de las diferencias más grandes, más allá de reconocer su rol presente está en la integración de la ciberdefensa y la inteligencia artificial. Por primera vez, la ley faculta a la Armada para operar en ciberdefensa y ciberseguridad, utilizando la Inteligencia Artificial como parte de la conducción de sus operaciones, cosa que ya había sido reconocida en el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Se crean Unidades de Soporte Estratégico para la Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, reconociendo que los conflictos futuros se librarán no solo en aguas territoriales, sino también en un espacio abstracto que requiere actualizar fuertemente las capacidades de Marina para ejercer contramedidas contra el delito y no solo intervenir comunicaciones. Esto implica moverse de un rol tradicional que lleva décadas sin modificarse.

Un aspecto que merece atención es cómo la ley consolida la presencia naval en la protección de la infraestructura económica, tradicionalmente vulnerable ante el crimen organizado. La vigilancia aduanera llevada por la Marina ha prevenido contrabando y mejorado la recaudación fiscal, pero su involucramiento en estas aduanas también la expuso a los riesgos corrosivos de la corrupción aduanera. Sin embargo, hubo éxitos palpables de este cambio, como el incremento del 24% en la recaudación de aduanas marítimas en apenas ocho meses de 2025, comparado con el año anterior. La toma del control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Corredor Interoceánico es una muestra de cómo la Marina custodia ya infraestructura nacional crítica para el país. En reconocimiento de ese rol, se impulsa la creación de Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, para cerrar brechas en la vigilancia de instalaciones aéreas, para prevenir el tráfico ilegal de mercancías y personas.

Frente a un entorno donde la coordinación tiene un gran énfasis por la política de la Presidenta, la ley apuesta por la eficiencia y la simplificación. La creación de la Jefatura de Operaciones Navales, en sustitución del Estado Mayor General, permitirá tomar decisiones con mayor agilidad. Además, la ratificación de la colaboración permanente entre la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional responde a la urgencia de contar con una respuesta de seguridad nacional unificada.

La apuesta por la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la protección de la infraestructura estratégica refleja una estrategia actualizada y una aceptación de los nuevos riesgos navales. Por ejemplo, el huachicol fiscal sigue representando un riesgo para la seguridad nacional. Además, reconoce la necesidad de cambios fuertes al interior del aparato de inteligencia naval. Aunque ya existe la fusión de inteligencia naval, militar y policial, tomará tiempo generar las capacidades para que el ciberespacio sea realmente un teatro de operaciones y no solo un riesgo, como lo demostró la infiltración y robo de datos de la Secretaría de Defensa en años anteriores.