El Operativo Desconexión en el Estado de México marca el inicio de una fase de la estrategia contra la extorsión donde el Estado busca desmantelar las estructuras financieras y digitales que sostienen las economías ilícitas. La acción derivó en la detención de más de 100 personas y el aseguramiento de 200 propiedades.
La seguridad pública depende cada vez más de cómo los grupos criminales manejan sus ingresos ante el cierre de rutas tradicionales de exportación. El uso de call centers fachada para cometer fraudes y extorsiones refleja el nivel sofisticación con el que buscan alternativas de financiarse. Estas redes criminales roban y explotan datos personales de forma masiva, afectando además a sectores vulnerables que buscan crédito. Estas economías criminales emplean la infraestructura financiera formal, como terminales punto de venta y tokens bancarios, para lavar dinero.
El modelo impulsado por Claudia Sheinbaum busca aumentar la presión a estas economías criminales mediante la asfixia económica. Tras incautaciones récord de narcóticos y la caída de líderes como "El Mencho", los grupos delictivos migran cada vez más hacia delitos digitales para obtener recursos. El Operativo Desconexión responde a ello: incauta tecnología y propiedades desde donde operan las redes de extorsión.
México encarcela a los operadores de estas redes y obtiene inteligencia clave sobre los modus operandi y los flujos financieros de estas redes. Al cerrar canales del dinero ilícito en el centro del país, el Estado fortalece su Inteligencia Judicial y neutraliza el argumento de incapacidad soberana que se esgrime desde el extranjero.
Esta estrategia de asfixia se sustenta en cifras que revelan la magnitud del desafío: la extorsión y el fraude digital generan hoy ingresos estimados en 12,000 millones de pesos anuales para las organizaciones criminales en el centro del país, operando con un margen de utilidad superior al 80% debido a sus bajos costos operativos. El aseguramiento de terminales punto de venta y la intervención de más de 500 cuentas bancarias ligadas a estos call centers erosionan la capacidad de rearmado de las células delictivas.
Al desmantelar estas empresas fachada que procesaban hasta 50,000 llamadas de extorsión mensuales, el Estado neutraliza el capital que financia el sicariato, erosionando su capacidad de financiar la violencia física más directa que tanto afecta a la población, antes de que esta suceda.