El delito concusión recurrente, y poco sancionado

Además de que las personas afectadas no denuncian ante la tramitación engorrosa en las unidades de justicia; aunque han surgido organismos y fiscalías anticorrupción, el cobro ilegal de impuestos que sufren los particulares por conductas de los servidores públicos sigue siendo una práctica a la luz del día.

En entrevista con el doctor especialista en derecho humanos, Jorge González Monteón, profesor de la división de Estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) indicó que este delito está en el Código Penal tanto en el orden común como federal.

“Se refiere a que un servidor público a título de contribución, impuesto, recargo, renta, salario o de alguna otra prestación a título, exija dinero, tratándolo de justificar que es a título de eso, por ejemplo, la concesión de este permiso cuesta 100 mil pero vas a dar 150 mil”.

“Tan sólo en tres años duraron para que les fincará probable responsabilidad a las personas que involucran en lo de Ciencias Forenses, si vemos eso, yo quisiera ver hasta dónde están comprendiendo las denuncias en contra de más servidores públicos y que se ha concretado al respecto”.

Para el investigador de la UdeG tanto la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) son “simulación” y se asemejan “son muy onerosa para el estado, pero muy escasa su efectividad, muy onerosa para el erario para estar costeando esa clase de instituciones que realmente no cobran eficacia”.

El artículo 218 del Código Penal Federal en el apartado de Delitos por Hechos de Corrupción, referente a Concusión, reformado hace 21 años, señala que “comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley”.

Además, el Código de Comercio en el artículo 12, señala que quien comete este tipo de delito no pueden ejercer el comercio “Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión”.