CJNG pagaba 70 mil pesos a alcalde de Teuchitlán

A cambio presuntamente permitió la existencia del rancho donde adiestraban sicarios

Twitter foto José Ascención Murguia.jpeg — Fiscal pide su vinculación por delincuencia organizada. **José Ascención Murguia** / Twitter

Elizabeth Ibal

Declaraciones y señalamientos de que presuntamente recibió 70 mil pesos mensuales por permitir un campo de adiestramiento en su municipio, es la base de la acusación contra el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención Murguia Santiago, detenido el fin de semana pasado por un grupo especial procedente de la ciudad de México que no enteró del operativo ni al gobierno del Estado ni a la propia delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Jalisco.

Es por ello que pretenden imputar por el delito de delincuencia organizada, lo que ocasionaría que el alcalde del partido Movimiento Ciudadano quedara bajo prisión preventiva forzosa hasta el término de la investigación judicial, ya que se trata de delitos graves.

Presidente de Teuchitlán, José Ascención “N”

MC exige investigación justa y sin tintes políticos en el caso de la detención del presidente de Teuchitlán

En la misma averiguación judicial el Ministerio Público Federal presenta pruebas para acreditar la presunta relación entre el funcionario y José Gregorio Armida, alias “El Lastra” -autor de los señalamientos- y Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo y/o El 90”, este último uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El rancho Izaguirre era usado como presunto campo de adiestramiento de la delincuencia y fue intervenido en dos ocasiones por la autoridad. Primero personal de la Guardia Nacional realizó un operativo en el sitio en septiembre del 2024, se detuvo a diez hombres con armas de fuego y se liberaron a dos personas.

Su captura

Fue el sábado por la tarde cuando se interrumpió la tranquilidad del municipio. Hombres con uniformes oficiales y a bordo de dos camionetas de color blanco interceptaron al presidente municipal José Ascención Murguia Santiago, a solo unos metros de su casa.

Lo obligaron a subir a una de las unidades y los encapuchados se lo llevaron. Le quitaron las llaves de su casa y de su auto, y las tiraron al piso, según confirmaron funcionarios del municipio.

Después su familia y otros funcionarios municipales vivieron momentos de tensión. No sabían en manos de quien estaba, el gobierno de Jalisco no sabía que estaba pasando y la FGR en Jalisco negaba desconocer que ellos estuvieran relacionados con ese operativo policiaco.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura a eso de las 21:42 horas (hora del centro) y su traslado al centro penitenciario. Se precisó que vestía playera de color guinda, pantalón de mezclilla azul y zapatos de color negro. También se dio constancia de que lleva un tatuaje en el brazo derecho en forma de un león.

Le imputan delitos graves

Pasó parte de la noche en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO) y más tarde fue enviado al Reclusorio Preventivo de Puente Grande.

La audiencia de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Jalisco con sede en Puente Grande se programó a las 9 de la mañana, pero hasta 44 minutos después apareció José Ascención.

Ahí se hizo público que la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputarlo por el delito de delincuencia organizada. Una defensora de oficio lo acompañó en la primera parte y al darle la palabra denunció que no tenía abogado de sus confianzas, por lo que a las 12:13 horas reapareció ya representado por un nuevo defensor particular que a su vez pidió un receso para hablar con su cliente.

A las 13:10 horas reinició la audiencia y con la petición de que se convirtiera en privada, obligando a medios de comunicación y público en general a salir, bajo el argumento de proteger la identidad de víctimas y testigos.

Lo ligan a dirigentes del CJNG

Dentro de la acusación aportan testimonios que confirman encuentros con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación entre abril y junio del 2024, con personajes como José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, quien está preso en el penal del Altiplano y y Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo y/o El 90.

José Ascención ha gobernado Teuchitlán por seis años e iba por otros tres. Tuvo su primer periodo de gobierno por el PRD de 2012 a 2015 y por Movimiento Ciudadano de 2021 a 2024 y recientemente fue reelecto por el mismo partido para el periodo 2024-2027.

Conforme a lo leído la imputación ese entre septiembre y octubre del 2024, cuando terminaba su primer período de gobierno como integrante de Movimiento Ciudadano e iniciaba el segundo período, qué se reunió con “El Lastra” en una brecha entre San Marcos y Etzatlán, para acordar un ingreso de 70 mil pesos mensuales a cambio de permitir la operación de la organización criminal en la zona. A decir de quien lo involucra llegaron a la cita “conectados” a través de llamadas hechas desde teléfonos de los llamados “cacahuatitos”, los cuales después destruyeron para no dejar evidencia.

Otro de los testimonios va en el sentido de que entre 15 y 20 días antes del 18 de septiembre, fecha del aseguramiento del rancho Izaguirre, el alcalde y José Gregorio, lo despertaron para que abriera una fosa, apoyado de una retroexcavadora para depositar órganos y restos óseos, por lo que la Ministerio Público que leyó el documento, aseguró que José Ascención tenía pleno conocimiento, de lo que ocurría ya que incluso se aseguró que pronunció la frase, “Estos perros no vivirán para contarlo”. José Ascención, presente en la audiencia, hizo un gesto de incredulidad ante las afirmaciones de quien declaraba en su contra.

Se resalta que entre los acuerdos estuvo que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación operaran el rancho y pudieran circular por Teuchitlán armados y con vehículos con reporte de robo sin que nadie les molestara. Además de “prestar capital humano” es decir, permitir que elementos de la policía municipal realizaran labores de vigilancia del rancho Izaguirre para evitar que los reclutados se fugaran.

Dentro de la misma imputación se menciona que el rancho Izaguirre se ejercía extrema violencia física sobre las víctimas reclutadas mediante falsas ofertas de trabajo. Parte de las actividades era adiestramiento, trata de personas, obligaban a matar y a comerse su carne. Mientras que en el rancho La Vega, se usaba igualmente para adiestramiento y elaboración de drogas.

El presidente municipal fue invitado por el juez de Control a responder a la acusación, pero decidió abstenerse y sus abogados anunciaron que en posteriores audiencias presentarán pruebas de descargo, solicitando entonces la ampliación del término constitucional de las 144 horas para que entonces se desahogue la audiencia final. El plazo vence el próximo sábado a las 18:21 horas.

Al finalizar la audiencia, el grupo de Ministerios Públicos retiraron la carpeta de investigación, la cual fue resguardada en cuatro enormes contenedores de plástico, que abarcaban toda la caja de una camioneta pick-up Silverado de modelo reciente.

Gobierno de Jalisco y MC piden

El Gobierno de Jalisco y el partido Movimiento Ciudadano, que fue el último que abanderó, marcaron su postura en sendos comunicados sobre la detención y consignación ante un juez federal de José Ascensión Murguía.

Por su parte el Ejecutivo Estatal manifestó su confianza en que la Fiscalía General de la República (FGR), conducirá las investigaciones del caso de manera imparcial y sin sesgo político.

Por su parte el Gobierno del Estado estará atento al desarrollo del proceso judicial y colaborará en todo lo que sea necesario para que, sin importar de quien se trate, se llegue a la verdad y se haga justicia.

Mientras tanto el partido Movimiento Ciudadano se pronunció y exigió una investigación sin tintes partidistas.

“Las autoridades federales están obligadas a comprobar sus acusaciones y despejar todas las dudas en este y todos los casos. Confiamos en que el presidente municipal de Teuchitlán demostrará que actuó siempre en el marco de la ley. La ciudadanía lo eligió como su representante y luego refrendó su confianza para que gobernara durante un segundo periodo: ese respaldo habla de los resultados de su gestión”, se lee en el documento emitido.

Termina diciendo que “En Movimiento Ciudadano exigimos que las autoridades realicen una investigación justa, amplia y sin tintes políticos ni motivaciones partidistas. Defendemos firmemente la presunción de inocencia y el derecho de todas las personas o un proceso justo. Sin verdad nunca habrá justicia”.

CJNG pagaba 70 mil pesos a alcalde de Teuchitlán