Abogado indígena participará en elecciones del Poder Judicial

José De Jesús Dorantes González

Hugo Aguilar Ortiz es un abogado de origen mixteco del estado de Oaxaca y actualmente aspirante a convertirse en el primer ministro indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente visitó el estado de Guerrero para participar en un foro regional en la comunidad de La Cortina, municipio Ñuu Savi.

El próximo 1 de junio del año en curso se realizarán, de manera histórica, las primeras elecciones del Poder Judicial. La jornada se llevará a cabo en las 32 entidades federativas.

En total, se renovarán 881 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Entre ellos se incluyen nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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También se elegirán 15 magistraturas para las Salas Regionales del TEPJF, cinco para el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito, lo que representa una reconfiguración profunda en el sistema de justicia del país.

El pasado sábado 12 de abril del año en curso, el abogado mixteco y único candidato indígena en las elecciones del Poder Judicial acudió al estado de Guerrero, a la comunidad de La Cortina, donde, en compañía del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, expuso sus propuestas de campaña.

Entre sus propuestas está garantizar la presencia de intérpretes de lenguas originarias en los procesos judiciales, tal como lo establece la Constitución, y sentar criterios jurisprudenciales que reconozcan el derecho de los pueblos a ejercer su jurisdicción conforme a sus sistemas normativos, como lo son las asambleas.

Aguilar Ortiz, en diferentes entrevistas, ha señalado que ha trabajado por años en la defensa de los derechos indígenas, por lo que destacó que, de ganar en las próximas elecciones, se convertiría en un puente para abrir un diálogo real entre las comunidades y el Estado mexicano.