Como un paso más en el camino hacia la transparencia en las estructuras de gobierno, Claudia Sheinbaum ha tomado a su cargo la tarea de limpiar los organismos oficiales, en especial el INFONAVIT, organismo que maneja cuantiosos recursos, y se niega a transparentar el uso del ahorro de los trabajadores para la vivienda.

Para tal fin, la presidenta envió un proyecto al Congreso, ya que se requieren varios cambios constitucionales y de algunas leyes secundarias que se relacionan con el manejo de los recursos aportados por los patrones, que cumplen la obligación legal de pagar el 5% del salario de sus trabajadores como cuota para adquisición de vivienda. Es una obligación establecida por la ley –equiparable al pago de impuestos-- y no es una aportación graciosa de ningún benefactor. En ese sentido, se trata de recursos públicos cuyo manejo debe ser fiscalizado por los órganos correspondientes.

Estas reformas no podrán realizarse de inmediato, porque dicha reforma, aunque ya fue aprobada por el senado, la Cámara de Diputados no convocará un periodo extraordinario de sesiones. Quedará para 2025 el debate sobre este asunto. Sin embargo, en los medios de comunicación se ha convertido en tema central. Los voceros de la derecha argumentan que el gobierno “quiere echar mano de los recursos del Infonavit”, en tanto la coalición de izquierda mira este asunto como un caso de profunda corrupción, heredada del viejo régimen neoliberal.

Durante los años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se fortaleció el grupo empresarial que manejó esos recursos. La estructura del Infonavit impidió la vigilancia del dinero, ya que el director del organismo era designado por el gobierno, mientras existían otros dos directores: los representantes de los empresarios, por un lado, y de los sindicatos “charros”, por otro. El director del organismo no pertenecía a ningún bando, y en teoría se limitaba a cumplir las órdenes de los consejos mencionados. Esto generó durante muchos años grandes vicios en la administración, ya que por un lado la representación obrero-empresarial tomaba las decisiones, pero solo el director general era responsable de las mismas. En esas condiciones, se debilitaba la línea de responsabilidad de los funcionarios del organismo.

Alejandro Murat –actual senador de Morena—fu director del Infonavit en el periodo 2012-2015, cuando renunció para hacer campaña como candidato del PRI en Oaxaca, donde resultó gobernador del estado. Lo sustituyó David Penchyna, quien estuvo al frente del organismo durante los años 2015-2018. Entre ambos son responsables del otorgamiento de un contrato a la empresa TERLA REALTY, para realizar un trabajo específico relacionado con el manejo de los expedientes: Alejandro Murat otorgó el contrato, mientras durante el periodo de David Penchyna se autorizó el pago de una indemnización por 5 mil millones de pesos, lo cual resulta algo totalmente irracional por donde se le vea. Es decir, la empresa no cumplió el contrato, pero en lugar de sancionarla por su incumplimiento, la premiaron de manera desproporcionada, ya que el contrato era de solo 100 millones de pesos. Ahora resulta que nadie es responsable de ese desfalco. La compañía mencionada estaba integrada por 5 socios, que se repartieron 1 mil millones de pesos para cada quien. Dos de ellos devolvieron ese dinero al gobierno, pero el resto no lo han hecho. Esos tres mil millones son producto del esfuerzo de las y los trabajadores, y el gobierno debe y quiere recuperarlo.

Desde su fundación, el Infonavit ha estado realizando trabajos desatinados. Por ejemplo, compraba terrenos (algunos en litigio) y después contrataba empresas privadas para construir viviendas por completo disfuncionales: los conjuntos habitacionales estaban lejos de los centros de trabajo, sin comunicaciones adecuadas, lejos de los centros comerciales y educativos, por lo cual en poco tiempo eran abandonadas por los trabajadores “beneficiados”. Una casa de Infonavit era símbolo de estrechez, lejanía, construida con materiales de baja calidad, que en poco tiempo era desocupada por sus habitantes, quienes así se veían privados de sus derechos.

Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, una semblanza de los fraudes. Señaló que sobre la base de la especulación, una casa era revendida cientos de veces. Por ejemplo: los “coyotes” aconsejaban a los derechohabientes para que compraran una casa, de manera simulada, con el fin de “venderla” y cobrar un dinero por la misma. Los “coyotes” le entregaba solo una parte del dinero y se quedaban con el resto. Por lo mismo, esa casa podía venderse al infinito, porque no servía como habitación, sino como estrategia de especulación.

Hay que tomar en cuenta que los trabajadores tienen su depósito en Infonavit, y cuando deciden no emplear ese dinero en comprar una casa, al terminar su vida laboral esos recursos, acumulados durante años, formarán parte de su pensión. Miles de millones de pesos de los recursos públicos se fueron por el hoyo de corrupción, ya que existía un entramado de complicidad integrado por valuadores, técnicos y notarios públicos, quienes se habían organizado en torno al fraude residencial.

La nueva ley trata de reformar la estructura del Infonavit, estableciendo en cambio una que se asemeje a la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde el director sea nombrado por el gobierno, pero con autoridad suficiente para dirigirlo, empezado con su participación en el Consejo General del mismo.

Otro de los privilegios que se han otorgado los miembros de los Consejos directivos es percibir sueldos, salarios y prestaciones muy por encima de lo establecido en la Constitución. El sueldo mensual era de 780 mil pesos –más elevados que los ministros de la SCJN—y tenían a su servicio aviones de lujo y muchos dispendios de una indebida estructura orgánica.

La presidenta Sheinbaum ha establecido el plan de construir un millón de viviendas verdaderamente adecuadas para las y los trabajadores: la mitad de ellas serán construidas por el propio Infonavit, y la otra por empresas particulares, bajo la inspección técnica del gobierno. Por lo mismo, es urgente limpiar esas estructuras, para que en adelante realmente sirvan al objetivo diseñado desde su fundación, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda auditar el uso de tales recursos, combatiendo así los vicios y prácticas corruptas del régimen neoliberal.