Pese a prometer un panorama diferente, a tres meses de tomar el cargo, diputados locales se han enfrascado en discusiones, lo que ha paralizado el trabajo legislativo
Llamo a la unidad, lo voy a seguir haciendo siempre, nada de pleitos. Tenemos que unirnos, la Patria es primero. No puede haber algo más importante que sacar adelante a nuestro país, sacar adelante a nuestro pueblo.
Se informó que el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (GPMorena) y las Fracciones Parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Socialdemócrata (PSD) y Movimiento Ciudadano (MC) estaban en contra de su aprobación.
Fue hasta el cuatro de octubre, en el marco de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Morelos, que, con 19 votos a favor, aprobaron este decreto, manifestando que no serían un obstáculo para la creación de herramientas que permitan tener un gobierno exitoso.
Acusaron omisión por parte del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, integrante del Partido Encuentro Social (PES), quien no les había entregado la información en tiempo y forma, y denunciaron que Mazari Espín, diputada priista quería quedar bien con el Gobierno del Estado aceptando este plazo.
Hasta este momento destacaban que no pedirían la remoción de ningún diputado en los órganos de control del Congreso.
La presión fue tanta que el secretario de Servicios Legislativos del Congreso Local, Jaime Juárez López, presentó su renuncia el 23 de noviembre tras afirmar que no sería “moneda de cambio" para solucionar el conflicto en el Poder Legislativo.
La solicitud de remoción fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presidida por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez a pesar del enojo de los morenistas y la diputada del PRD.
Sin lugar a dudas los integrantes de la LIV Legislatura no han entendido que en México y Morelos se viven otros tiempos tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
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La LIV Legislatura que prometió ser diferente y traer un panorama de igualdad y transparencia a Morelos, a tres meses de ocupar el cargo, se ha visto dividida y paralizada por sus mismos diputados, ya sea por otros intereses de por medio, como la repartición de plazas dentro del Poder Legislativo o por su afán de apoyar ciegamente al Gobierno del estado; lo cierto es que, actualmente, la remoción de los fiscales demostró que la unidad que tanto aseguraban, se olvidó fácilmente.
Todo comenzó con la aprobación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado y continuó con la prórroga para entregar el paquete económico del Ejecutivo, tres temas trascendentes para el estado que no fueron resueltos por la vía del diálogo y concertación política por parte de las y los integrantes del Congreso estatal, lo que paralizó la labor legislativa y provocó que hasta se decretaran sesiones por tiempo indeterminado.
Esta situación es bien conocida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tan es así que en sus dos últimas visitas al estado ha exhortado a los actores políticos a la reconciliación y a dejarse de pleitos, como lo hizo en Jojutla al presentar su Plan Nacional de Reconstrucción.
A finales de septiembre, a unas pocas semanas de haber ocupado el cargo como diputadas y diputados, se presentó el primer “conflicto”: votar el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la LIV Legislatura, por medio del cual se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, presentada por el entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el objetivo de reducir Secretarías y aplicar austeridad; además de que dentro de esta nueva Ley se plasmaba una Jefatura de la Oficina de la Gubernatura que tendría grandes e importantes responsabilidades dentro del estado y en la relación con los otros Poderes.
Este cambio en el Gobierno del Estado provocó diversas reacciones entre los legisladores, quienes empezaron a dividirse a favor y en contra de su aprobación. El 28 de septiembre, en sesión ordinaria se pretendía aprobarla; sin embargo, de acuerdo con fuentes del Poder Legislativo no se puedo llegar a un acuerdo, decidiendo cancelar la sesión, la cual había sido agendada para las 9:00 horas, pero ocho horas y media después confirmaron que sería reprogramada al no obtener los votos necesarios.
Entre dimes y diretes, los diputados, quienes juraban no había división entre ellos, suspendían las sesiones antes de ser votada la iniciativa, sin importar que había otros puntos a proseguir, ya que si no obtenía los votos necesarios y era presentada al Pleno tendrían que esperar hasta el próximo periodo ordinario para entregarla, por lo que se aplicaría la misma Ley Orgánica que la pasada administración estatal.
Asimismo, el 15 de noviembre, la presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LIV Legislatura, Rosalina Mazari Espín, informó que el Gobierno del Estado pidió una prórroga de 30 días a partir de esta fecha conforme al artículo 32 de la Constitución, para presentar el Paquete Económico de la iniciativa de Ley de Ingresos e Egresos 2019, con la razón de conocer las participaciones federales que serían aprobadas al ahora mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador.
Adelantó que en la sesión Ordinaria del 15 de noviembre presentarían un punto de acuerdo donde aprobarían dicha petición, al necesitar las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo. No obstante, un bloque de diputados utilizó la presencia de maestros jubilados del IEBEM para provocar un jaloneo político, por lo que nuevamente se tuvo que suspender la sesión de ese día, tras no obtener un acuerdo.
En medio de la incertidumbre sobre qué pasaría con este punto tan importante para la entidad, el martes 20 de noviembre, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) y las Fracciones Parlamentarias de Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Socialdemócrata (PSD) y un diputado de Morena confirmaron no habían recibido el oficio donde el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pedía dicha prórroga, por lo que podría ser invalidada, teniendo que aplicar el presupuesto de 2018.
El 22 de noviembre, tras suspender ya la sesión de Pleno en tres ocasiones, diputados de Morena denunciaron que la aprobación de la prórroga para la entrega del paquete presupuestal 2019 del Poder Ejecutivo podría ser un chantaje político por parte de este bloque de nueve diputados, quienes al no presentarse ocasionaron que no existiera quórum, informó el legislador, Héctor Javier Chávez García, quien agregó pedían la renuncia del presidente de la Mesa Directiva, Sotelo Martínez, así como la de la secretaria de Administración y Finanzas y de Procesos Legislativos.
Estas declaraciones causaron la molestia del denominado G-9, quienes en rueda de prensa negaron estar chantajeando al presidente del Congreso local por prebendas económicas, pero confirmaron seguirían con el boicot hasta que el Legislativo trabajara bajo la legalidad, resolviendo las irregularidades en el proceso de trámite de la prórroga del Gobierno del Estado.
Tras dos semanas de “parálisis legislativa” por la votación de la prórroga del paquete económico 2019 del Gobierno del Estado, el miércoles 28 de noviembre fue aprobada por unanimidad la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para ampliar la fecha de entrega hasta por 30 días naturales de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Esto después de la comparecencia del secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca con la Junta Política y de Gobierno (JPyG).
Posterior a este “acuerdo” entre los diputados, se dio a conocer la integración de nuevos trabajadores en altas direcciones, plazas que fueron propuestas por los mismos legisladores para poder transitar en la agenda legislativa, donde la diputada del Partido Humanista, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala promovió la designación de su padre Gerardo Sánchez Mote como jefe de Adquisiciones en el Congreso del Estado, quien, confirmado por la misma legisladora, sigue ocupando este cargo, a pesar de caer en actos de nepotismo.
El 29 de noviembre, el Grupo Parlamentario del PT informó que tanto el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, como el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no contaban con los exámenes de Control y Confianza, violando así la Ley de Seguridad Nacional, por lo que tendrían que renunciar o ser destituidos del cargo. Esta información dio paso a que el 4 de diciembre, en sesión ordinaria, recibieran la solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para iniciar el proceso de destitución de los fiscales, al no reunir los requisitos para ocupar el cargo.
Este panorama descontroló nuevamente la convivencia en el Congreso, donde los legisladores se dividieron en dos otra vez, boicoteando las sesiones que buscaban continuar con este trámite. El 5 de diciembre, diputados del PT aseveraron que legisladores de Morena impidieron darle trámite a la solicitud del gobernador; refirieron que Miguel Lucía Espejo, enlace del Ejecutivo Federal con los poderes Ejecutivos y Legislativos de los estados y miembro de Morena, hizo llamadas a los diputados locales para detener la destitución del fiscal, lo que provocó que la bancada morenista decidiera no aprobarla, decisión a la que se unieron las Fracciones Parlamentarias del PRD y PSD.
El enfrentamiento continuó cuando Figueroa Evaristo confirmó que solicitarían la destitución de Tania Valentina Rodríguez Ruiz de la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, tras actuar a título personal mandando a pleno dicha solicitud sin obtener la votación de todas las fuerzas políticas, declaración a la que se unió la diputada del PRD, Rosalinda Rodríguez Tinoco. No obstante, el diputado José Casas González, del PT, exclamó que podrían iniciar un juicio político contra Morena, al obstruir la ley negando aprobar la destitución de los fiscales.
