Así que aún esta vivo el plan B y la democracia aún no ha muerto, se tiene que lograr que en México existan elecciones limpias y creíbles. Ya no se deben permitir fraudes electorales como el perpetrado en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el 2006.

La suspensión temporal del plan B sólo ha generado indignación de millones de mexicanos que exigen elecciones limpias y árbitros imparciales, que estén al lado del pueblo y no de los intereses mezquinos de los partidos políticos.

Es evidente que los Poderes Ejecutivo y los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión habrán de responder jurídicamente a la controversia constitucional, pues el fondo del objetivo es garantizar elecciones libres y transparentes.

En este contexto, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberán de valorar el interés general de las y los mexicanos, por encima de intereses de la oligarquía mexicana que quiere conservar sus privilegios, en contra del bienestar social de las mayorías.

Senadora Lucía Meza Guzmán

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