ARTICLE 19 exige proteger la libertad de expresión en Morelos

La organización ARTICLE 19, México y Centroamérica expresó su preocupación y condenó “el ambiente hostil y el uso indebido del poder público” en contra de las periodistas Silvia Lozano, y Guadalupe Flores por parte de la regidora de Cuautla, Anita Sánchez Guerra, y su hermana, la senadora, Juanita Guerra Mena.

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En este sentido, ARTICLE 19 exigió a la regidora Anita Sánchez Guerra y a la senadora Juanita Guerra Mena “abstenerse de promover o impulsar acciones legales contra periodistas derivadas de la labor informativa; cesar cualquier forma de estigmatización, desprestigio o intimidación contra la prensa, y respetar y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México, el cual abandera a las servidoras públicas, el exigieron que exhorte públicamente a sus funcionarias a conducirse con apego a la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, reconociendo públicamente la importancia del ejercicio periodístico para la construcción de la democracia.

Mientras tanto solicitaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determinar y otorgar medidas de protección adecuadas, eficaces y oportunas para las periodistas Silvia Lozano y Guadalupe Flores, así como para el periodista Jesús Castillo, que garanticen condiciones de seguridad para su ejercicio informativo.

El viernes 23 de enero, durante una cobertura informativa afuera del Palacio de Gobierno del estado, en el centro de Cuernavaca las periodistas fueron víctimas de discurso estigmatizante y bloqueo informativo mientras documentaban un operativo de seguridad implementado por elementos de la Guardia Nacional para resguardar a ambas funcionarias.

ARTICLE 19 sostiene que de acuerdo con el testimonio de las periodistas, la regidora Anita Sánchez Guerra se dirigió a las reporteras de manera abrupta, detuvo el tránsito vehicular con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, elevó el tono de voz, las increpó y exigió sus datos personales, mientras les dijo: “Quiero denunciar que reporteros del gobierno del estado me han grabado; siempre me han grabado”. La regidora grabó con su teléfono celular a las periodistas, mientras se desarrollaba un dispositivo de seguridad, lo que, en voz de las periodistas, intensificó la intimidación.

“ARTICLE 19, ya ha señalado en su informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, que el uso desmedido y arbitrario de acciones legales, la amenaza de entablar acciones legales contra la prensa genera por sí mismo un efecto amedrentador y de autocensura”.

De acuerdo con la organización esta violencia tiene un impacto directo para la construcción de sociedades democráticas. La RELE de la CIDH señala que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es  indispensable para la formación de la opinión pública”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las personas funcionarias públicas están sujetas a un mayor umbral de escrutinio, y que el uso del poder estatal para intimidar o inhibir la labor periodística resulta incompatible con una sociedad democrática”, concluye la organización.