Candidatos a territorio.
Presupuestos.
Cabildos.
Exterior.
La anunciada Reforma Electoral abre un capítulo que durante años fue exigido en sobremesas, campañas y debates legislativos, la eliminación de los legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República; no es un ajuste menor, es un golpe directo a una figura que nació con la intención de garantizar representación proporcional, pero que con el paso del tiempo terminó convertida en refugio de cúpulas, cuotas y acuerdos de escritorio; esta propuesta pone sobre la mesa un rediseño profundo del Congreso de la Unión y obliga a repensar el equilibrio entre representación, territorialidad y gobernabilidad; el mensaje político es claro, quien quiera una curul o un escaño tendrá que salir a buscarlo en territorio, con nombre, rostro y votos, de frente a los ciudadanos.
La desaparición de los plurinominales en la Cámara de Diputados implica que los 200 espacios que antes se asignaban por listas de partido ahora tendrán otro mecanismo de elección; aquí hay dos lecturas, la primera, positiva y contundente, se terminan los compadrazgos, las cuotas internas y los premios de consolación que las dirigencias repartían sin que el beneficiario sudara una campaña, porque durante años vimos llegar a San Lázaro a perfiles que jamás tocaron una colonia, que nunca caminaron un distrito, pero que eran incondicionales del dirigente en turno, y eso se acabó; la segunda lectura es más estratégica, el nuevo modelo de elección de esos 200 diputados podría esconder fórmulas que favorezcan a las mayorías dominantes si el diseño no es escrupulosamente equilibrado; aun así, lo relevante es el principio, todo aspirante deberá medirse frente al electorado.
Donde la discusión se vuelve más delicada es en el recorte del 25 por ciento al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos electorales locales; es comprensible que se busque eficiencia y austeridad, nadie puede defender estructuras obesas o gastos superfluos, sin embargo, organizar elecciones en un país de más de 130 millones de habitantes no es tarea menor ni mucho menos barata; capacitación, padrón, fiscalización, conteos rápidos, sistemas de resultados preliminares y vigilancia en miles de casillas requieren recursos técnicos y humanos. La propuesta contempla que en años sin proceso electoral el presupuesto no sea igual que en años de comicios, lo cual tiene lógica administrativa, el problema es que la planeación electoral no comienza el día que arranca la campaña, sino mucho antes, y reducir en automático un cuarto del presupuesto podría tensionar la operación, y desde luego poner en riesgo la democracia.
Otro de los ejes de la reforma es la reducción de regidores en los ayuntamientos, fijando un máximo de 15, la medida apunta a adelgazar estructuras municipales que en muchos casos se volvieron costosas e ineficientes, de hecho hay cabildos sobredimensionados con hasta 50 regidores, donde la pluralidad terminó diluida en acuerdos de trámite y donde la nómina creció más que la capacidad de decisión; de hecho creo que un límite uniforme puede generar ahorro y simplificación administrativa. No obstante, también obliga a revisar cómo se garantizará la representación de minorías en municipios con alta diversidad política, ya que el equilibrio entre eficiencia y pluralidad será clave; si se hace bien, los ayuntamientos podrán ser más ágiles, con menos simulación y más responsabilidad directa de cada regidor.
En el paquete también destaca un avance que durante años fue una demanda, la representación de connacionales en el extranjero mediante ocho espacios en San Lázaro; se trata de reconocer que millones de mexicanos que viven fuera del país no solo envían remesas, también sostienen vínculos económicos, culturales y políticos con su nación de origen; darles representación formal es un paso en la dirección correcta; no es un gesto simbólico menor, es integrar a la toma de decisiones a una comunidad que incide de manera directa en la economía nacional.
