La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México puede bloquear cuentas bancarias de forma administrativa sin orden judicial previa como medida preventiva ante sospechas de operaciones o financiamiento al terrorismo. Los afectados tienen 5 días hábiles para solicitar audiencia tras ser notificados y 10 días de presentar pruebas de licitud de fondos.

El pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de que el bloqueo de cuentas no constituye una sanción, sino que comprende una medida administrativa de carácter preventivo, y lo estimó como una herramienta orientada a proteger el sistema financiero frente a conductas vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Este criterio implica un cambio importante respecto de la interpretación que durante años prevaleció en el entorno jurídico mexicano, conforme a la cual el bloqueo de cuentas debía justificarse preponderantemente en el cumplimiento de compromisos internacionales. Con la nueva determinación, las facultades de la UIF se amplían, permitiendo que la medida pueda sustentarse en información de origen nacional.

El bloqueo de cuentas tiene carácter preventivo, lo que permite su aplicación en etapas tempranas o incluso previas a la etapa de investigación dentro de un procedimiento penal; es decir, no es requerida una determinación judicial sobre la existencia de una conducta delictiva para que pueda desplegarse el acto administrativo. Esto implica que la afectación patrimonial puede existir sin que medie un proceso judicial establecido.

Asimismo, debe considerarse el contexto normativo derivado de las recientes reformas a la Ley de Amparo, las cuales han introducido modificaciones relevantes para la concesión de la medida cautelar dentro del juicio de amparo cuando se trata de actos vinculados con el sistema financiero y con operaciones económicas que puedan encontrarse relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se vuelve importante el ejercicio oportuno de los mecanismos de defensa previstos en la ley, la garantía de audiencia ante la propia autoridad administrativa, así como la promoción del juicio de amparo continúan disponibles para controvertir la inclusión en la lista de personas bloqueadas y los efectos derivados de dicha medida administrativa.