Gasto millonario piden los partidos

Con la amenaza que les representa el proyecto de reforma electoral propuesto por Morena para reducirles el financiamiento público, y unas finanzas estatales colapsadas por presunta malversación que realizaron funcionarios del pasado gobierno, los 7 partidos políticos con registro local, pretenden recibir prerrogativas económicas para gastar en el 2023, por un monto de 87 millones 976 mil 384 pesos.

Benito Ortega Hernández

Con tal propósito, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado, (IEPC), solicitará al ejecutivo estatal, un presupuesto de 222 millones 564 mil 168 pesos, de presupuesto a ejercer el próximo año, y que contempla un financiamiento público para los siete partidos políticos con registro, así como de organizaciones políticas estatales, por 89 millones 684 mil 663 pesos.

La aprobación de tal cantidad fue acordada por el Consejo General del IEPC, con base a lo que estipula la Constitución y la Ley de Partidos Políticos, y que sería destinado para el gasto ordinario durante el siguiente año fiscal, toda vez que no habrá elecciones.

El IEPC aún sufre los efectos de la disminución de más de 100 millones de pesos, que se le aplicó a su proyecto de presupuesto del 2022, y que lo obligaron a solicitar recursos extraordinarios para solventar el gasto del Programa de Resultados Preliminares (PREP), y la impresión de las boletas electorales.

Sin embargo, el gobierno aispurista no cumplió con el pago total de los servicios a los que se comprometió, y lo dejó como deuda a la administración de Esteban Villegas, según lo dio a conocer el titular del Instituto Electoral, Roberto Herrera, que calculó el faltante en más de 24 millones de pesos.

Pero además del posible recorte que el gobierno estatal le haga a la pretensión financiera del organismo electoral, faltaría el análisis de los legisladores, quienes tienen la última palabra para ratificar o rectificar las partidas presupuestales que contempla ejercer el ejecutivo durante el 2023.

Los legisladores le pondrán lupa a los rubros correspondientes al gasto administrativo que solicita el Instituto Electoral, según antecedente que aplicaron a la proyección financiera del 2022.

Pero es evidente, que no será la misma vara con la que midan la autorización para el financiamiento público estatal a que tendrán derecho los partidos políticos el siguiente período fiscal, ya que en este caso responden primero a los intereses partidistas.

El IEPC “no las trae todas consigo”, ya que está latente el riesgo de que el Congreso federal apruebe el proyecto de reforma electoral para desaparecer los organismos electorales locales, y que sus funciones pasen a ser competencia de un instituto federalizado.

Por lo pronto, hay incertidumbre entre los integrantes del Poder Legislativo, por la línea que recibirán de los partidos a los que representan, para desahogar la agenda que se propusieron, pero también los temas de coyuntura que ya generan las reformas a la Carta Magna, como la de permitir que los soldados la hagan de policías, o la electoral que se abordará en los próximos días. Depende del PRI.

Y mientras que a nivel nacional, no hay certeza de que la coalición electoral “Va por México”, del PRI, PAN y PRD, continúe en el ámbito legislativo, en Durango hay una especie de morbo político por conocer la postura que asumirán los dirigentes partidistas, pero sobre todo si el jefe político impondrá su “línea”, o la guardará para aprobar replaqueo, presupuesto y aumento al agua.