LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

Del 68 a la 4ª T, vista en primera persona. A partir de la década de los cuarenta el país comenzó a observar un ascendente crecimiento económico, aunque sin desarrollo social. Asimismo, se empezó a generar un acentuado proceso de urbanización tras la migración de grandes grupos de la población que salieron de las zonas rurales a las ciudades en donde se asentó alguna industria y que por lo mismo requería de mano de obra. Fue así como algunas poblaciones se fueron poblando y en algunos casos hasta sobrepoblando, mientras que otras permanecieron en el total abandono y sin crecimiento de ninguna índole.

El citado crecimiento económico gracias al cual en el país se comenzó a hablar del llamado “Milagro mexicano” también trajo consigo un cambio en la estructura poblacional antes mayoritariamente rural y dependiente de las actividades primarias. De tal manera que la población rural poco a poco fue perdiendo su hegemonía.

Poco antes de que estallara el Movimiento Estudiantil de 1968 el régimen priista mantenía un estricto control sobre todo el país. Así, los gobiernos de las 32 entidades federativas (29 estados, dos territorios federales y el Distrito Federal), los aproximadamente 2,400 presidentes municipales que entonces había en el país, así como los 64 miembros de la Cámara de Senadores pertenecían al PRI.

Por otra parte, también estaba la Cámara baja conformada por 212 diputados. De éstos, 177 (83%) habían sido electos por el principio de mayoría relativa y el 100% fueron ganados por el PRI en las elecciones intermedias de julio de 1967. En tanto que los 45 diputados restantes habían sido electos por la fórmula que entonces se denominaba “Diputados de Partido” y de los cuales 20 (9.4%) correspondían al Partido Acción Nacional, 10 (4.7%) al Partido Popular Socialista y los 5 (2.5%) al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Como podrá observarse, el PRI contaba con la mayoría absoluta en el seno del Congreso.

Además de aquella situación, la gran mayoría de las veces los votos de los diputados pepino socialistas y del PARM también se sumaban al PRI para aprobar las diferentes iniciativas de ley provenientes del Ejecutivo federal al que los dos partidos satélites habían apoyado.

De tal manera que el control que el presidente de la República ejercía sobre la Cámara baja era casi absoluto, pasaba del 90% y del 100% en la Cámara alta. Por eso, en el México de aquel entonces, la supuesta división de poderes tan reiteradamente mencionada en el discurso oficial, era de hecho inexistente, una simple ficción.

El poder prácticamente omnímodo que el presidente de la República o, mejor dicho, que la especie de “monarca” sexenal ejercía a través del partido en el Congreso, era utilizado para ordenar cualquier tipo de pronunciamiento a favor o en contra de personas o hechos adversos al régimen.

Así, por ejemplo, cuando estalló el Movimiento Estudiantil de 1968 muchas de las condenas en contra de éste salieron de las voces de diputados y senadores priistas y sus aliados, tal y como fue el célebre caso de los ataques en contra de Javier Barros Sierra, uno de los rectores históricamente más dignos y respetados por la comunidad universitaria, por la valiente e inolvidable defensa que durante ese año axial realizó de la Universidad y su autonomía.

En este sentido, quizás uno de los hechos históricamente más vergonzantes que evidenciaron la total supeditación del Congreso federal al Poder Ejecutivo de aquella época, fue la posesión que tanto la Cámara de Senadores como de Diputados tuvieron con respecto a los hechos del 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército perpetró la masacre de estudiantes en Tlatelolco.

En efecto, el 3 de octubre, un día después de la masacre, el pleno del Senado de la República aprobó incondicionalmente y sin ningún recato ni reflexión la siguiente resolución: “El Senado justifica plenamente la intervención de la fuerza pública para proteger no solamente la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, sino al mismo tiempo la integridad de las instituciones del país. El Senado de la República considera que la actuación del Ejecutivo Federal se ha apegado a la Constitución Política del país y de las leyes vigentes”.

Igualmente, el 4 de octubre, en la Cámara de Diputados, por unanimidad las fracciones parlamentarias tanto del PRI como la de su eterno aliado, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), también avalaron la represión que dos días antes se había llevado a cabo en Tlatelolco, luego de que aprobaron una resolución en la que señaló lo siguiente: “Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Federal, para garantizar la paz de México, corresponden a la magnitud de los acontecimientos y a la gravedad de las circunstancias”.

Como habrá de recordarse, el uso de los tanques, tanquetas y fusiles en Tlatelolco dejo un número hasta este momento no precisado de muertos, heridos desaparecidos y miles de detenidos. Así, mientras que en cientos de hogares velaban y lloraban a sus muertos, en el parlamento los supuestos “representantes del pueblo” pertenecientes a la autodenominada “Familia Revolucionaria”, con risas y aplausos festejaban la masacre y haber enlutado a la nación.

Sin embargo, el costo político que el régimen priista pagó por este hecho fue demasiado alto. Aunque dada la soberbia, ceguera y prepotencia con la que tradicionalmente éste había actuado, seguramente, ni Gustavo Díaz Ordaz como tampoco toda la clase política que lo rodeaba y que unánime y alegremente aplaudió el masivo asesinato de manifestantes juveniles en Tlatelolco, dimensionaron la gravedad del hecho, ya que fue justamente a partir de este movimiento cuando el régimen empezó a sucumbir o mejor dicho, a cavar su propia tumba.

Muchos años antes hubo un caso relativamente similar al del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando en 1906 y 1907 la dictadura del general Porfirio Díaz llevó a cabo las célebres masacres de obreros en Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz. Pero todo hace indicar que ni el presidente como tampoco los legisladores de su partido se acordaron de estos históricos hechos.