El amparo no es para proteger al gobierno, sino al ciudadano” afirma diputada
Mario Contreras
Finalmente, concluyó que sin la suspensión provisional, los ciudadanos serían “culpables de facto”, pues no podrían detener los efectos de una resolución de autoridad mientras se desarrolla el juicio.
La reforma a la Ley de Amparo es un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos frente al poder público, pues limita una de las herramientas jurídicas más importantes del país, advirtió la diputada Rocío Rebollo Mendoza.
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Desde la tribuna, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI aseveró que la ley fue creada para proteger a los ciudadanos de los abusos de la autoridad, no para amparar al gobierno, ya que los particulares son quienes se encuentran en estado de indefensión.
Rebollo Mendoza consideró que la iniciativa, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y devuelta al Senado, responde a la lógica de construir un gobierno autocrático, debilitando el equilibrio de poderes y reduciendo los contrapesos institucionales.
Alertó también que la atención pública se ha centrado en la posible aplicación retroactiva de la ley, dejando de lado temas de fondo que requieren un debate técnico y político más profundo. “El análisis debe ir más allá de la retroactividad. Debemos discutir la redefinición del interés legítimo, la restricción de las suspensiones, el cumplimiento de sentencias y los efectos reales de la reforma”, precisó.
La diputada priista cuestionó que los foros de parlamento abierto se realizaran “a toda prisa”, sin tiempo para escuchar a especialistas y valorar el impacto real de los cambios. “Hubiese sido una oportunidad para revisar integralmente la reforma y preguntarnos si no estamos convirtiendo al amparo, ese escudo histórico del pueblo, en una herramienta cada vez más pequeña”, sostuvo.
Subrayó que, al ser un litigio donde la contraparte es siempre el Estado, resulta preocupante que la iniciativa incline la balanza a favor del poder. “Agregar requisitos para obtener una suspensión en casos fiscales es una forma de dejar indefenso al contribuyente. Un error administrativo podría costar millones sin defensa inmediata”, ejemplificó.
