En medio de la discusión pública, la propuesta del Gobierno Federal para reformar la Ley de Amparo abre un debate que no es menor, de hasta dónde pueden llegar los entes gubernamentales para limitar las suspensiones que los jueces otorgan y que, en la práctica, frenan decisiones fiscales o administrativas; la iniciativa propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, plantea acotar el uso de suspensiones, especialmente en casos donde se alega interés público, el problema es que la definición de ese “interés” puede volverse algo confusa, a merced de la discrecionalidad gubernamental; a pesar de ello también es cierto que durante años los grandes empresarios de este país, como el caso específico de Ricardo Salinas Pliego, han encontrado en el amparo un escudo para evitar pagar impuestos multimillonarios, por lo que no se descarta que dicha propuesta tenga esa “dedicatoria”.

El núcleo de la reforma está en restringir las suspensiones cuando se considere que atentan contra el interés social, claro que en la teoría suena lógico, incluso sin ser experto, creo que el amparo no debería ser un instrumento para favorecer privilegios, ni para congelar acciones gubernamentales de manera indefinida; el problema radicará en quién determinará qué sí y qué no es de interés público; porque el riesgo real estaría en que un gobierno, de cualquier partido político, pueda manipular la definición para frenar amparos incómodos y dejar pasar otros a modo, solo a “contentillo”, y esto nos hace dejar en claro que el derecho a la defensa judicial no puede quedar en manos de la subjetividad política o intereses de grupo, llámense políticos o empresarios “consentidos” de cada administración federal, por lo que se debe cuidar el equilibrio legal.

Nadie puede pasar por alto que el magnate de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, arrastra alrededor de 32 juicios fiscales que suman más de 70 mil millones de pesos de adeudos al SAT, por lo que su estrategia legal ha sido recurrir una y otra vez al amparo, buscando suspensiones que le permitan ganar tiempo. En este contexto, la reforma parece tener esta dedicatoria y así evitar que deudores con grandes despachos legales sigan retrasando lo inevitable; aquí considero que es donde existe ese consenso en la sociedad mexicana de pedir “piso parejo” en cuanto al pago de las obligaciones fiscales, porque no es justo que mientras millones de mexicanos pagamos puntualmente el IVA e ISR, un empresario, de los más ricos del país utilice resquicios legales para posponer su deuda.

La indignación social crece cuando se constata la desigualdad en el acceso a la justicia, porque para una familia común, un adeudo de unos cuantos miles de pesos ante el SAT se traduce en embargos inmediatos, bloqueos de cuentas o sanciones que afectan su patrimonio, en cambio, para los grandes contribuyentes el camino de los amparos ofrece años de litigio, y esa disparidad elimina la confianza de los mexicanos en las instituciones y alimenta la percepción de que en nuestro país hay ciudadanos de primera y de segunda ante Hacienda; de ahí la importancia de que con estas reformas a la Ley de Amparo, dicha reglamentación se aplique en igualdad de circunstancias para todos, sin importar la chequera, algo que debería prevalecer en un país que presume de ser democrático.

La última palabra en la aprobación de estas reformas, la tiene el Congreso de la Unión, y con la mayoría de Morena y sus aliados es casi un hecho que se habrá de aprobar, aunque en medio de ésta se encuentre uno de los personajes más señalados de forma negativa en la 4T, Arturo Zaldívar, quien se ha asumido en ese rol dentro de esta administración federal, y será quien esté “cabildeando” el voto con las y los legisladores federales. Al no ser una reforma a la Constitución, pues es una ley secundaria, una vez aprobada habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Será interesante saber qué opinión tiene la oposición al respecto, aunque sea sin influir en el resultado final de la votación.