Cada año se repite la historia: una propuesta de ley antiinmigrante que intenta parchar los múltiples huecos de un sistema migratorio obsoleto y maleado. Algunas pasan; otras son vetadas y unas cuantas terminan en la boleta electoral.
Estar en el Capitolio Estatal de Arizona durante la sesión legislativa de 2025 es como regresar el tiempo. Las protestas y las ruedas de prensa de hoy nos transportan al 2008 cuando se hablaba de la “Ley Anticoyote” o al 2010 cuando la SB1070 fue promulgada. Son los mismos rostros, casi las mismas causas, pero la diferencia son los niños que en ese entonces acompañaron a sus papás, pero que ahora son adultos y marchan en lugar de y por ellos. Ellos cargan la antorcha de una lucha que no se acaba. ¿No hemos aprendido nada?
En este 2025, la propuesta de ley SB1164 les daría facultades migratorias a las autoridades locales y acabaría con los programas que limitan la cooperación entre agencias. También obligaría a los departamentos locales a extender los períodos de detención a 48 horas, en algunos casos, para que los agentes de migración puedan tomar custodia de los detenidos y así acelerar las deportaciones que, es bien sabido, son parte de la agenda de la nueva administración presidencial.
La iniciativa, conocida como el Acta ICE, ya avanzó en el Senado. Un comité logró su aprobación, aunque aún falta mucho para que llegue a convertirse en una ley y otro poco más para su implementación; quienes la repudian, la catalogan como otro golpe bajo para una comunidad que no ha dejado de ser apaleada desde el 20 de enero, cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca.
Los legisladores estatales republicanos que respaldan esta medida, por su parte, insisten en que es la única manera que tiene el gobierno estatal de asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración y de mantener a las ciudades seguras de lo que ellos consideran una invasión peligrosa de personas en situación irregular migratoria. Además, consideran que es imperante alinearse con las prioridades de la administración Trump y que no consiste en un ejercicio que promueva redadas o deportaciones masivas, sino que previene que criminales indocumentados sean liberados y no enfrenten consecuencias de sus actos.
Sin embargo, para activistas y defensores de los derechos humanos, esta propuesta de ley en un intento de intimidar a la comunidad migrante y atacar a las familias de estatus migratorios mixtos. Aseguran que es como “solapar el racismo y la discriminación”, al tiempo de sembrar pánico en un estado fronterizo en el que los migrantes se han convertido en un motor económico, político y social.
