A partir del primer tercio del siglo pasado nuestro país ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado: de 16 millones de habitantes en 1930, hoy habitamos en México alrededor de 130 millones de personas. Tal crecimiento poblacional demanda servicios básicos de salud, educación y vivienda; pero también ha generado desigualdad social, pobreza, migración interna y marginación.

Se espera que la juventud sea el factor fundamental de desarrollo de nuestro país, sin embargo, hace unos días INEGI dio cuenta de que en tan solo dos años se incrementaron en un 45% los casos de delincuencia juvenil en el territorio nacional pasando de veintidós mil casos en 2021 a más de treinta y dos mil casos en 2023.

Según el Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes en México: Retos y Caminos hacia un Futuro Inclusivo, uno de los problemas más graves a los que se enfrentan nuestros jóvenes son los entornos de violencia generados por la inseguridad y la falta de oportunidades, esto último vinculado fundamentalmente a las brechas que limitan el acceso, permanencia, calidad educativa y al trabajo y salario digno.

Si bien el gobierno morenista implementó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que el pasado 11 de marzo se elevó a rango constitucional, su alcance no ha sido suficiente para abatir las altas tasas de pobreza, desempleo, deserción escolar y violencia que sufren las y los jóvenes del país.

Más que un programa clientelar, las autoridades deben garantizar a los jóvenes ambientes libres de violencia en los que el acceso a las drogas y las armas este controlado, fortalecer la prevención social abatir la impunidad, así como la construcción de una nación que posibilite una vida digna para sus habitantes pasando por eliminar la pobreza, marginación, discriminación, racismo y la aplicación justa de la ley. Si no lo hacemos así, nuestro futuro estará cancelado.er