Las investigaciones apuntan supuestos actos de violencia política y discriminación en agravio de cuatro regidoras
Maximiliano Pérez
Actualmente, la Recomendación ha sido notificada a las partes y se está en espera de la aceptación de la Recomendación por parte del Congreso del Estado de Hidalgo, cuyo plazo vence el 2 de marzo del año en curso.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la Recomendación R-VG-0001-26, derivada de una investigación de hechos que supuestamente constituyen violaciones graves a derechos humanos en agravio de cuatro regidoras integrantes del Ayuntamiento del municipio de Epazoyucan.
Según lo informado, los hechos se originaron a partir de que el Congreso del Estado de Hidalgo exhortó a la CDHEH a investigar posibles actos de violencia política por razón de género, discriminación, desobediencia institucional y afectaciones a la legalidad.
Posteriormente, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, la Comisión de Derechos Humanos inició la queja CDHEH-VG-1137-25, a la que se adhirieron las cuatro personas víctimas. Tras el análisis integral de pruebas y constancias, se acreditaron violaciones a derechos humanos atribuibles al Presidente Municipal Constitucional de Epazoyucan.
Asimismo, la investigación determinó que la autoridad responsable incumplió su deber de garantizar condiciones institucionales de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad, contraviniendo los principios de igualdad sustantiva y equidad de género. Aunado a ello, se acreditó la difusión de expresiones de carácter descalificatorio hacia las víctimas, afectando el derecho a la libertad de expresión —en su dimensión de recibir información veraz— y generando un entorno de hostilidad y violencia simbólica hacia mujeres en el ejercicio de cargos públicos.
De manera particular, la CDHEH documentó actos discriminatorios por discapacidad, al cuestionarse la capacidad de una regidora por su condición de discapacidad visual, con afectaciones a su dignidad, integridad emocional y derechos político-electorales, así como omisiones graves frente a la maternidad, al impedirse injustificadamente la toma de protesta de otra regidora durante su etapa de puerperio, sin realizar ajustes razonables ni aplicar perspectiva de género, invisibilizando cargas biológicas y sociales protegidas por el marco jurídico nacional e internacional.
